Planteo en favor de Orellana

La defensa del intendente de Famaillá, el justicialista Juan Enrique Orellana, fue terminante: cualquier discusión en la causa penal debe quedar suspendida hasta tanto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal resuelva el planteo de nulidad de todos los actos procesales cumplidos desde el 29 de junio de 2003, cuando Orellana había sido elegido legislador para el período 2003-2007.
La tesis fue sostenida por Nicolás Pedro Brito al contestar la vista que le corrieron del dictamen (no es vinculante) del fiscal general ante el mencionado tribunal, Alfredo Terraf, según el cual no existen obstáculos que impidan someter a un juicio oral a Orellana por supuesta contaminación durante su anterior gestión municipal (1999-2003).
El abogado defensor insiste en que, prácticamente, todo el proceso debería caer, fundamentalmente la declaración indagatoria de su cliente, porque, según su opinión, al caso se aplicó erróneamente la Ley 25.320 (más conocida como Carrió, por el nombre de su autora, la ex diputada Elisa Carrió). Esta norma, en el orden nacional, permite que un proceso continúe hasta su conclusión sin que, previamente, sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al legislador, magistrado o funcionario investigado. En cambio, Brito sostiene que, como Orellana era legislador provincial, debió respetarse la normativa procesal de Tucumán, según la cual para que proceda el juzgamiento antes hay que solicitar a la Legislatura el desafuero o destitución del involucrado.
En su escrito, el letrado recalcó: "en virtud de haberse tramitado (el proceso) por la Ley 25.320, corresponde, entonces, resolver primariamente el planteo de nulidad de todos los actos procesales a partir del 29 de junio de 2003, fecha en la que Orellana, estaba investido de prerrogativa constitucional".