El Gobierno va por todas las cajas

“A fines del siglo XIX, un fotógrafo encerró en su cámara la imagen del barrio chino de San Francisco, borró en el negativo los cables de la electricidad y todo otro vestigio de la civilización occidental y presentó el resultado como la imagen de una barriada de Shanghai”, relata en Nueva Prosa de Prensa el ganador del premio Cervantes, Juan Gelman. En esta gran barriada que es Tucumán, menos poblada que La Matanza, se da un fenómeno similar con el sistema de gobierno vigente. Unos cuantos accesorios pretenden disfrazarlo de república moderna, pero cuando se los retira, en el fondo queda el unicato. El régimen en el cual el poder no está repartido entre las instituciones, equilibrándolas, sino que todo está en manos de “el único”.
Las huellas del unicato transitan un derrotero definido: el de quedarse con todas las cajas estatales. Maneja sin ninguna vocación de transparencia (ver las cuentas de inversión de 2005 y 2006) las de los organismos centralizados y descentralizados. Luego se hizo de la Caja de la Legislatura. Y ahora quiere hundir todavía más sus bombas extractoras de recursos en las administraciones del interior.
El Ejecutivo avanza para sumar a más municipios al Pacto Social, acuerdo por el cual los gobiernos de las ciudades ceden su coparticipación de impuestos a la Provincia, que les garantiza el pago de los sueldos. Es decir, las municipalidades son meras ventanillas de liquidación de haberes. Y sus instituciones, las intendencias y los concejos deliberantes, son superfluos: han entregado el manejo de sus recursos a una gestión provincial que hasta decide por ellos qué obras públicas encarar. El unicato los borra de la foto institucional.
Como complemento, hoy avanzarán contra las delegaciones rurales. El oficialismo legislativo transferirá a Rentas de la Provincia el cobro y la administración de los tributos comunales. Este es el segundo movimiento de una embestida iniciada el 22 de noviembre con la sanción del Presupuesto 2008. Esa ley suspende la obligación del Gobierno de presentar el Presupuesto de Recursos y Gastos de las Comunas Rurales. Léase, el Ejecutivo amenaza con intervenir delegaciones del interior en reclamo de una transparencia que no está dispuesto a llevar a la práctica.
El dictamen que se debatirá fija que lo recaudado debe volver a las comunas. Pero establece que esa devolución está supeditada a los plazos y -peor aún- a la modalidad que fije el Ejecutivo. O sea...
Para rematar, invitan a las municipalidades a que adhieran a ese sistema... y a que empiecen a despedirse de la poca renta de la que aún podían disponer.
La aspiradora oficial termina en una bolsa inescrutable. Los recursos municipales no son pasibles del control del Tribunal de Cuentas. Por eso, la Casa de Gobierno apela a los fondos fiduciarios de las municipalidades y a sus obras públicas para canalizar recursos que quedan fuera de la lupa. Si no es así, aprobarán (sin trastocar) el proyecto del radical José Cano para que esos millones sean auditados por el ente de contralor.
Los recursos de las comunas, en cambio, sí son revisados por el Tribunal de Cuentas… por eso ahora los cobrará Rentas. Y el Ejecutivo impedirá que se sepa qué pasó con ellos, como lo hizo con las rendiciones de cuentas de los dos últimos ejercicios presupuestarios (ver las cuentas de inversión de 2005 y 2006). Además, qué curioso, no hay un presupuesto de comunas donde volcar prolijamente (y con comunicación a la Cámara) los incrementos de la recaudación.
La justificación del nuevo despojo es que las comunas no tienen estructura para cobrar. Pero, en lugar de fortalecer su percepción tributaria, les extirpan esa capacidad. La recaudación reemplaza el valor de la institución. Y esa barbaridad tiene orgullosos defensores.
La importancia de los gobiernos locales es consagrada al inicio de la Constitución de la Nación. “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”, reza el artículo 5. Como el unicato dictó en 2006 una Carta Magna que alumbra la república desequilibrada (la Justicia no puede dictar su presupuesto y mayorías de políticos ponen y sacan jueces mediante el CAM y el Jurado de Enjuiciamiento), era obvio que poco le importaría la autonomía municipal. El oficialismo parece no entender lo de “ejercicio de las instituciones”, pero enseña que sí sabe gozarlas.
Helio Juan Zarini, en Constitución Argentina comentada y concordada, destaca que la Carta Magna considera al municipio como la forma descentralizada más pequeña. “Es la primera comunidad democrática y autónoma (…). Le sigue la provincia”. Y le preceden las comunas. “De ahí que este artículo 5 imponga a las provincias la organización del régimen municipal -mejor dicho, de la autonomía municipal-, como primera célula de la democracia”, agrega.
Pero aquí, los municipios no son autónomos. Tampoco autárquicos. La autarquía consiste en que el organismo no puede dictarse sus normas, pero al menos puede administrar sus recursos. Ya ni eso. Todo lo hace el poder central, que nada descentraliza. El anacronismo es tal que las comunas no pueden aspirar a ser municipios y las municipalidades si siquiera pueden aspirar a ser comunas. De hecho, ya no consiguen organizarse a sí mismas. Y cuando lo logran, como la Capital, el unicato les crea una municipalidad paralela (el Ente de Infraestructura Comunitaria), al que le entrega media obra pública capitalina. Las instituciones municipales y comunales, así, son meramente decorativas. Al menos, los cables de electricidad del barrio chino tenían alguna función.
La autonomía municipal, eso sí, figura en el la Constitución provincial. El artículo 132. Dice que los gobiernos locales podrán dictar sus cartas orgánicas a partir de una ley que, según el artículo 165, la Legislatura en 25 días. Pero para eso no hay tiempo: hay que ocuparse de aplaudir decretos y proyectos del vicegobernador. Una larga risa se enrosca en el vientre de la República cuando se hojea una Constitución en Tucumán.