Por Redacción Política
06 Diciembre 2007
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El Poder Ejecutivo está obsesionado por ordenar las cuentas públicas en el interior, luego de una gestión en la que el destino de los recursos para municipios y comunas fue el blanco de críticas de la oposición. Por eso, en el borrador de acuerdo que se pule en Casa de Gobierno hay un elemento nuevo que no se alterará, por disposición del gobernador José Alperovich: las municipalidades y delegaciones rurales recibirán dinero para concretar obras de manera particular, en lugar de un monto global para la ejecución de estas.
En el Gobierno aguardan el regreso de Alperovich de su viaje a Brasil para que defina algunos detalles del Pacto para el Crecimiento, de 2008. El actual acuerdo vence el 31 de diciembre y la intención del PE es tener el nuevo convenio antes de fin de año. Más aún si se tiene en cuenta que deberá ser ratificado por la Legislatura y por los Concejos Deliberantes de los municipios que se adhieran.
Cifra récord
Lo que sí está definido es que en 2008 habrá un desembolso récord. Se habla de una suma superior a los $ 800 millones: $ 600 millones correspondientes a los pactos para el pago de sueldos y el fideicomiso para obras y $ 200 millones en préstamos del Banco Tucumán. “El gobernador quiere verificar cada obra que se realice, por eso el desembolso particular”, explicó el presidente Subrogante de la Legislatura, a cargo de la Gobernación, Sergio Mansilla.
A diferencia de otros años, esta vez los municipios que ingresen al pacto no deberán presentar un programa general de obras a ejecutar. Hasta ahora, antes de recibir los recursos, las intendencias debían elevar al PE el listado de obras y el tiempo que demandaría su ejecución, en un plazo no mayor a 60 días después de firmado el acuerdo. A partir de 2008 deberán presentar un proyecto y concretarlo para solicitar nuevos fondos.
Los $ 600 millones que contempla el Pacto para el Crecimiento son divididos casi en partes iguales para el pago de sueldos de los trabajadores y para obras. El dinero correspondiente a la operatoria con el Banco Tucumán comprende $ 170 millones para obras en municipios y $ 30 millones para trabajos en las 10 comunas más pobladas de la Provincia: Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, Santa Ana y León Rougés (oeste), y Ranchillos, Los Ralos, Colombres, Florida y Delfín Gallo (este). La jerarquización de 10 comunas no implicará la desatención de las restantes 83, según afirman desde el PE. Estas podrían suscribir un pacto similar al de los municipios, que involucraría $ 60 millones.
Una práctica creada por el mirandismo
La modalidad de asistencia del Ejecutivo a los gobiernos locales se remonta a la gestión del ex gobernador Julio Miranda, cuando a causa de la crisis económica los municipios y las comunas requirieron préstamos a la Provincia para abonar sus planillas salariales. La pérdida de capacidad de gestión de los municipios los hizo ceder en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos. Lo otorgado por el PE a los municipios debe ser devuelto en 36 cuotas mensuales y consecutivas, a partir del mes inmediato siguiente al de la aplicación. Los préstamos se ajustan mediante el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), sin intereses. Los acuerdos contienen cláusulas con carácter de declaración jurada, por las que cada intendente se somete al cumplimiento de pautas que garantizan la realización del plan de obras. Además, el PE puede realizar auditorías y revocar el préstamo en caso de que se demuestren incumplimientos.
La Cocha seguiría fuera del convenio
La Cocha será, según sondeos del Ejecutivo, el único de los 19 municipios que no suscribiría el Acuerdo para el Crecimiento. Tal como viene sucediendo desde el inicio del sistema, el municipio se mantendría al margen pues no enfrenta problemas para el pago de sueldos ni para la ejecución de obras.
Así, 12 municipalidades recibirán fondos para pagar los sueldos durante todo el año. En 2008 se sumaría Aguilares, pero Las Talitas, Graneros, Burruyacu, Trancas y Simoca seguirán por fuera del pacto porque cuentan con la autonomía financiera necesaria para esto. Estos municipios, no obstante, sí firmarán el acuerdo referido a la asistencia del PE para ejecutar obras.
Lo que resta definir es si se elevarán los topes que contuvieron, todos estos años, el gasto político. Un punto fija el techo salarial para los concejales del interior en $ 2.000, pero en las últimas semanas los ediles plantearon al Gobierno la necesidad de un aumento.
En el Gobierno aguardan el regreso de Alperovich de su viaje a Brasil para que defina algunos detalles del Pacto para el Crecimiento, de 2008. El actual acuerdo vence el 31 de diciembre y la intención del PE es tener el nuevo convenio antes de fin de año. Más aún si se tiene en cuenta que deberá ser ratificado por la Legislatura y por los Concejos Deliberantes de los municipios que se adhieran.
Cifra récord
Lo que sí está definido es que en 2008 habrá un desembolso récord. Se habla de una suma superior a los $ 800 millones: $ 600 millones correspondientes a los pactos para el pago de sueldos y el fideicomiso para obras y $ 200 millones en préstamos del Banco Tucumán. “El gobernador quiere verificar cada obra que se realice, por eso el desembolso particular”, explicó el presidente Subrogante de la Legislatura, a cargo de la Gobernación, Sergio Mansilla.
A diferencia de otros años, esta vez los municipios que ingresen al pacto no deberán presentar un programa general de obras a ejecutar. Hasta ahora, antes de recibir los recursos, las intendencias debían elevar al PE el listado de obras y el tiempo que demandaría su ejecución, en un plazo no mayor a 60 días después de firmado el acuerdo. A partir de 2008 deberán presentar un proyecto y concretarlo para solicitar nuevos fondos.
Los $ 600 millones que contempla el Pacto para el Crecimiento son divididos casi en partes iguales para el pago de sueldos de los trabajadores y para obras. El dinero correspondiente a la operatoria con el Banco Tucumán comprende $ 170 millones para obras en municipios y $ 30 millones para trabajos en las 10 comunas más pobladas de la Provincia: Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, Santa Ana y León Rougés (oeste), y Ranchillos, Los Ralos, Colombres, Florida y Delfín Gallo (este). La jerarquización de 10 comunas no implicará la desatención de las restantes 83, según afirman desde el PE. Estas podrían suscribir un pacto similar al de los municipios, que involucraría $ 60 millones.
Una práctica creada por el mirandismo
La modalidad de asistencia del Ejecutivo a los gobiernos locales se remonta a la gestión del ex gobernador Julio Miranda, cuando a causa de la crisis económica los municipios y las comunas requirieron préstamos a la Provincia para abonar sus planillas salariales. La pérdida de capacidad de gestión de los municipios los hizo ceder en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos. Lo otorgado por el PE a los municipios debe ser devuelto en 36 cuotas mensuales y consecutivas, a partir del mes inmediato siguiente al de la aplicación. Los préstamos se ajustan mediante el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), sin intereses. Los acuerdos contienen cláusulas con carácter de declaración jurada, por las que cada intendente se somete al cumplimiento de pautas que garantizan la realización del plan de obras. Además, el PE puede realizar auditorías y revocar el préstamo en caso de que se demuestren incumplimientos.
La Cocha seguiría fuera del convenio
La Cocha será, según sondeos del Ejecutivo, el único de los 19 municipios que no suscribiría el Acuerdo para el Crecimiento. Tal como viene sucediendo desde el inicio del sistema, el municipio se mantendría al margen pues no enfrenta problemas para el pago de sueldos ni para la ejecución de obras.
Así, 12 municipalidades recibirán fondos para pagar los sueldos durante todo el año. En 2008 se sumaría Aguilares, pero Las Talitas, Graneros, Burruyacu, Trancas y Simoca seguirán por fuera del pacto porque cuentan con la autonomía financiera necesaria para esto. Estos municipios, no obstante, sí firmarán el acuerdo referido a la asistencia del PE para ejecutar obras.
Lo que resta definir es si se elevarán los topes que contuvieron, todos estos años, el gasto político. Un punto fija el techo salarial para los concejales del interior en $ 2.000, pero en las últimas semanas los ediles plantearon al Gobierno la necesidad de un aumento.
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