Siguen los problemas para el destituido ex juez federal Felipe Terán. Mañana, a las 9, deberá comparecer ante Daniel Bejas, a cargo del juzgado federal N° 1, para que explique una diferencia de $ 874.761 entre los ingresos que registró como magistrado, entre 1999 y 2005, y la evolución de su patrimonio en igual lapso. La citación fue dispuesta en el marco de la causa que Terán afronta por supuesto enriquecimiento ilícito desde 2003.
En la resolución por medio de la cual lo citó, Bejas dispuso: “debe justificar la discordancia existente entre la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999-2005, que ascendieron a $ 444.881, y su incremento patrimonial apreciable -por idéntico período- de $ 1.319.642, conforme constancia de autos e informe de profesionales en Ciencias Económicas (consultadas)”.
La convocatoria fue realizada a pedido del fiscal federal Carlos Brito y en virtud del artículo 268 (2) del Código Penal, que está ubicado en el capítulo correspondiente al enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Esa norma dispone: “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
Convenio con una empresa
Terán estuvo al frente del juzgado federal N° 2 entre diciembre de 2001 y el 18 de octubre del año pasado, cuando fue destituido por mal desempeño por supuestas irregularidades en el manejo de causas vinculadas a títulos de la deuda pública. Antes se había desempeñado como juez federal de Catamarca.
Enroque
Originariamente, en esta causa contra Terán actuaba el conjuez Alfredo Rubén Isas. No obstante, luego de que el 1 de junio de este año Bejas asumió en el juzgado N° 1 en el carácter de subrogante, el fiscal Brito solicitó el apartamiento de Isas. Este accedió al pedido, razón por la que Bejas quedó al frente del expediente.
El caso cobró un nuevo giro a principios de este año, cuando trascendió la rescisión de un boleto de compraventa y de un convenio particular de mejoras que el ex magistrado había acordado con una empresa constructora por la suma de $ 445.000, en relación con un inmueble ubicado en 25 de Mayo 693, piso 15, departamento “B” (contrafrente) de esta capital.
Como consecuencia, el fiscal Brito requirió una serie de medidas. “Esa información (la relacionada con el boleto y el convenio) no habría sido proporcionada en las declaraciones juradas impositivas, ni judiciales (de Terán), y su justificación, en cuanto al origen del dinero pagado, debe ser investigada”, había advertido.
En la resolución por medio de la cual lo citó, Bejas dispuso: “debe justificar la discordancia existente entre la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999-2005, que ascendieron a $ 444.881, y su incremento patrimonial apreciable -por idéntico período- de $ 1.319.642, conforme constancia de autos e informe de profesionales en Ciencias Económicas (consultadas)”.
La convocatoria fue realizada a pedido del fiscal federal Carlos Brito y en virtud del artículo 268 (2) del Código Penal, que está ubicado en el capítulo correspondiente al enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Esa norma dispone: “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
Convenio con una empresa
Terán estuvo al frente del juzgado federal N° 2 entre diciembre de 2001 y el 18 de octubre del año pasado, cuando fue destituido por mal desempeño por supuestas irregularidades en el manejo de causas vinculadas a títulos de la deuda pública. Antes se había desempeñado como juez federal de Catamarca.
Enroque
Originariamente, en esta causa contra Terán actuaba el conjuez Alfredo Rubén Isas. No obstante, luego de que el 1 de junio de este año Bejas asumió en el juzgado N° 1 en el carácter de subrogante, el fiscal Brito solicitó el apartamiento de Isas. Este accedió al pedido, razón por la que Bejas quedó al frente del expediente.
El caso cobró un nuevo giro a principios de este año, cuando trascendió la rescisión de un boleto de compraventa y de un convenio particular de mejoras que el ex magistrado había acordado con una empresa constructora por la suma de $ 445.000, en relación con un inmueble ubicado en 25 de Mayo 693, piso 15, departamento “B” (contrafrente) de esta capital.
Como consecuencia, el fiscal Brito requirió una serie de medidas. “Esa información (la relacionada con el boleto y el convenio) no habría sido proporcionada en las declaraciones juradas impositivas, ni judiciales (de Terán), y su justificación, en cuanto al origen del dinero pagado, debe ser investigada”, había advertido.
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