"Tucumán tiene una Constitución sólo en apariencia"

"Tucumán, ¿tiene Constitución?", se preguntaron los integrantes del Grupo Alberdi. La respuesta a ese interrogante resultó una crítica de los intelectuales a las decisiones del Gobierno.
Advirtieron que el sistema de control recíproco y la independencia de los poderes rigen en todo el país, menos en Tucumán. "De acuerdo con el texto constitucional de 2006, las dietas y demás emolumentos que -eufemísticamente- se denominan "recursos de ayuda social" son fijados por el Ejecutivo; así como la designación de todo el personal superior de la Legislatura, creándose una evidente dependencia de los legisladores, a quienes sólo les cabe aprobar los proyectos que le envía el Ejecutivo", señalaron en un documento.
Los firmantes (Alfredo Bolsi, Adolfo Poliche, Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Teresa Piossek Prebisch, Guillermo Oliver y Juan Oliver) remarcaron que los legisladores deben cumplir con ese mandato (del Gobierno), aún cuando ello implique una violación a los derechos humanos. En este sentido, pusieron como ejemplo la reforma al Código Procesal Penal. "Restringe la libertad personal más allá de lo permitido por la Constitución nacional y los tratados internacionales suscriptos por el país", denunciaron.
En el escrito, el Grupo Alberdi destacó que la Constitución nacional señala en el artículo 18 que "nadie puede ser penado sin juicio previo". Además, recordaron la declaración de los Derechos Humanos de la ONU que, en el artículo 11, expresa: "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras se pruebe su culpabilidad".
"Ambas normas pertenecen al orden jurídico de la República y, a pesar de la claridad de sus conceptos, en Tucumán -manifestaron- han sido violados al convertirse en ley, el proyecto del Ejecutivo". De este modo -dijeron-, Tucumán tiene Constitución sólo en apariencia, ya que el sistema constitucional y la división de poderes son dos conceptos virtualmente idénticos.