Sentencia judicial adversa al Ejecutivo

Casino Club SA levantó hace más de un mes sus máquinas tragamonedas, pero aún sigue generándole dolores de cabeza al Poder Ejecutivo. Esta vez, la Provincia recibió un nuevo fallo judicial adverso en su afán de obtener el apto ambiental para edificar un centro de entretenimientos en el hipódromo.
Mediante la sentencia 593 del 26 de noviembre, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó un recurso de casación presentado por el Gobierno en contra de la decisión de los camaristas de permitir la producción de pruebas en el proceso. Esto permitiría dilucidar cuál sería el impacto ambiental que ocasionaría la radicación de una sala de juegos en el parque 9 de Julio, tal como lo habían pretendido a fines de 2004 el PE y Casino Club SA.
En el fallo, los vocales Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek calificaron de inadmisible el planteo del Gobierno. “El recurso no se alza contra una sentencia de carácter definitivo ni equiparable en sus efectos a una sentencia definitiva, ya que la sentencia sólo se limitó al análisis referido a la producción de las pruebas admitidas por el tribunal, habida cuenta que no pone fin a la acción ni tiene virtualidad alguna para hacer imposible su continuación. Por otro lado, no se advierte que la cuestión resuelta en la sentencia recurrida pueda asumir gravedad institucional”, señalaron los camaristas.
Giovanniello y López Piossek entendieron que aún no estaban dadas las condiciones en el juicio para presentar un recurso de casación, ya que se trata de una medida extraordinaria, cuyo objeto es anular una sentencia judicial por entender que asume una incorrecta interpretación o aplicación de la ley.
“En definitiva, consideramos que no se encuentran reunidos los requisitos positivos y negativos de admisibilidad del recurso de casación exigidos por los incisos a y b del artículo 813 del Código Procesal Civil, por lo que el recurso debe ser desestimado”, añadieron los camaristas.

Dilación del proceso
La objeción del Ejecutivo a la posibilidad de que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT; los colegios profesionales de Arquitectos y de Bioquímicos de Tucumán; y las sociedades de Amigos de la Ciudad y del Arbol opinen sobre la instalación de tragamonedas en el hipódromo se dio justo cuando Casino Club confirmó su partida y el cierre del local provisorio que había habilitado, con 300 maquinitas, en Adolfo de la Vega 473.
El juicio que frenó la construcción del megacasino se inició en diciembre de 2004, a partir de un recurso de amparo presentado por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán.