Manzur quiere que la Provincia cobre tributos de los municipios

Exactamente a dos meses de haber asumido como presidente de la Legislatura, Juan Manzur decidió hacer uso de la atribución que le confiere, a partir de la reforma constitucional de 2006, el artículo 69. "Las leyes pueden tener principio por proyectos presentados por los legisladores, por el vicegobernador o por el Poder Ejecutivo" (sic).
El jueves 29, el funcionario electivo presentó dos proyectos de ley. Y ambos proponen cambios trascendentes en materia de manejo de fondos públicos.
La primera de las propuestas retira a las municipalidades el manejo de los recursos que obtienen mediante las Contribuciones que Inciden Sobre Inmuebles (CISI). El artículo 1 de la propuesta establece que la Dirección General de Rentas de la provincia, a partir de 2008, será el órgano de administración tributaria de esa tasa. Se encargará, también, de fijar los correspondientes vencimientos.
"A los efectos establecidos en el artículo anterior, la representación comunal en el cobro de los créditos tributarios será ejercida por la Dirección General de Rentas", complementa el artículo 2.
El tercer apartado de la norma actualiza las alícuotas y los montos mínimos establecidos para el CISI en la ley 5.638, que data de junio de 1984 y tenía expresados sus valores en australes. La modificación determina que sobre los inmuebles urbanos y sus mejoras se aplicará un 7 por mil y deberán pagar un mínimo de $ 40 anuales. Para los inmuebles rurales y sus mejoras, la alículota será del 13 por mil y el mínimo será de $ 80. Ese es también el mínimo para los baldíos, sobre cuyo valor se aplicará el 20 por mil para determinar el monto que deberán tributar.
Para justificar su iniciativa, Manzur manifestó que se necesita contar con un organismo con capacidad, estructura y probada eficiencia en la administración de impuestos, "a los efectos de mejorar la aplicación, percepción y fiscalización" del CISI, para bajar la alta tasa de morosidad que, consignó, existe hoy.
Mediante el segundo proyecto del vicegobernador, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) podrá apartarse de las exigencias de las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera y realizar contrataciones sin licitación pública para trabajos que lleve adelante.
La iniciativa pauta estas excepciones para las obras por administración (son las que se ejecuta con personal estatal) "que requieran imperiosa ejecución, siempre que dichas obras hayan sido previamente calificadas, mediante acto administrativo, como prioritarias". Esto se aplicará, además, para obras de hasta $ 150.000.
La DAU, a la vez, queda explícitamente facultada para contratar en forma directa los bienes y servicios que requiera para estos casos, previo cotejo de precio entre tres casas del rubro. "Cuando el monto a contratar exceda los $ 10.000, deberá además difundir la convocatoria en el sitio de internet del Superior Gobierno de la Provincia", se propone.
Manzur argumentó que es prioridad del Gobierno dar respuestas satisfactorias frente al déficit de infraestructura y de servicios comunitarios, razón por la que es preciso dotar a la DAU -consignó- de las herramientas más adecuadas para que cumpla ese objetivo.