"La Corte no cumple con controlar el poder"

La cortés sonrisa que siempre lo acompaña -o ensaya- no impide que su pensamiento esté cargado de escepticismo. El constitucionalista cordobés Antonio María Hernández afirma que el jurista Carlos Santiago Nino tenía razón cuando decía que la Argentina es un país al margen de la ley.
Del pesimista diagnóstico del ex candidato a vicepresidente de la Nación por el radicalismo en 1995 no se salvó ni siquiera la Corte Suprema de Justicia con su actual integración. "En los temas realmente importantes, no ha dictado ningún fallo que signifique un control efectivo del poder", arremetió.
Hernández, que ayer cerró un posgrado en Derecho Municipal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, accedió amablemente a dialogar con LA GACETA.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la realidad institucional del país?
-Está muy mal. No hay una vigencia del Estado federal, tampoco un buen funcionamiento del sistema republicano y no creo que haya una verdadera independencia judicial. Además de todo esto, podemos enumerar el ejercicio de superpoderes, el dictado de decretos de necesidad y urgencia, la falta de cumplimiento de sus funciones institucionales por parte del Congreso, la reforma del Consejo de la Magistratura y la pésima noticia de que el Gobierno nacional impulsa, por séptimo año consecutivo, la declaración de emergencia económica. Esto significa que a la Argentina la gobiernan muy pocas personas y por decreto. La calidad institucional, realmente, es muy baja, hasta el punto de que de ninguna manera puedo calificarla con una mínima puntuación.

-¿Por qué no rescata ni siquiera a la Corte Suprema de Justicia con su nueva composición?
-Ese hecho no ha significado mayores cambios. La prueba de ello fue lo que hizo respecto del corralito financiero. En los distintos fallos, en especial en los casos "Bustos" y "Massa", certificó lo que quería el Gobierno. Además no avanzó con el control sobre la Ley que reformó el Consejo de la Magistratura ni respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Por ello, no advierto que esté cumpliendo acertadamente su tarea de control de constitucionalidad.

-Es muy particular su visión sobre la Corte, porque suelen ser elogiados los cambios que ella experimentó en su composición.
-El periodismo suele rendirle loas a la Corte, porque no tiene una visión amplia del control de constitucionalidad. Sin embargo, todo esto no significa que no pueda señalar algunos fallos importantes, como el caso "Ponce", en el que ha garantizado la autonomía municipal, luego de aquel verdadero récord Guinness de violaciones a este principio que se dio en la Municipalidad de San Luis. También es destacable la reciente sentencia en el caso "Badaro", de los jubilados. Pero a la independencia del Poder Judicial en el rol institucional
de control, para que realmente haya equilibrio entre los poderes, no la veo con claridad. En la Argentina, no hay ninguna duda de que, en el plano político-institucional, hay deudas pendientes muy severas y si hoy algo debemos hacer es cumplir estrictamente la Constitución, algo que no visualizo.

Una obsesión
Luego, Hernández hace una pausa y vuelve a lo que constituye su verdadera obsesión: el Derecho Municipal. Teniendo en cuenta que la Constitución nacional de 1994 obliga a las provincias a garantizar la autonomía de los municipios, en sus anteriores viajes a Tucumán afirmó que ese solo hecho ya justificaba la necesidad de la reforma de la Carta Magna de esta provincia de 1990 (la de 2006, en cambio, se ajustó al texto nacional del 94).
Pese a que reconoce el avance que significa que en el país haya alrededor de 120 Cartas Orgánicas Municipales, Hernández mitiga la observación por el peso que la Nación tiene sobre las provincias y estas, a su vez, sobre los municipios.
El jurista, que es autor de una veintena de libros, insiste en la misma idea y con más contundencia. "En el plano normativo se avanzó enormemente en la descentralización del poder, y se han sentado las bases para una federación moderna. Pero, desafortunadamente, en la práctica se advierte la violación de estos principios, porque el grado de centralización del país es verdaderamente extremo. Aún no hemos cumplido con todos los mandatos constitucionales, en particular con el que establecía que hasta el 31 de diciembre de 1996 debíamos tener sancionado el nuevo régimen de coparticipación impositiva. Esto hace que la arbitrariedad signe las relaciones de las provincias con el gobierno central. La billetera presidencial alcanza para doblegar la voluntad de aquellas y, muchas veces, los gobernadores hacen lo mismo con los intendentes, con lo cual se afectan las autonomías", recalcó.

El artículo 138 de la Constitución provincial sancionada el año pasado dice expresamente: "el intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno del recinto". Los alcances de esta disposición -todavía no precisados- comenzaron a generar polémica a partir del proceso penal en marcha por supuesta contaminación ambiental contra el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana. Aunque no se refirió a este ni a ningún otro caso en particular, el constitucionalista Antonio María Hernández, experto en Derecho Municipal, reconoció que le parece un exceso semejante concesión.
El jurista cordobés fue contundente. "En el Derecho Constitucional provincial argentino hay normas similares (a la tucumana). Pero a mí esto no me parece lo más aconsejable, por las experiencias que hemos tenido en el país", dijo.
Luego, Hernández dio razones acerca de por qué no le gustaba la filosofía del artículo 138. "Todo lo que sean inmunidades o prerrogativas -mal llamados privilegios- no ayudan al mejor funcionamiento del sistema republicano. En mi opinión, cada día hay que ser más restrictivos en torno de las inmunidades y, en ese sentido, me parece exagerado que un intendente tenga las mismas prerrogativas que el gobernador", cuestionó.

Un buen ejemplo
Luego, LA GACETA preguntó al abogado si era preferible el diseño de la Ley 25.320 (más conocida como Carrió por el nombre de su autora, la ex diputada Elisa Carrió), que, en el orden nacional, permite que un proceso penal avance hasta su definitiva conclusión sin que previamente sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al funcionario, legislador o magistrado investigado. Pero Hernández prefirió la regulación prevista por la Constitución cordobesa.
El docente aclaró que no estaba de acuerdo con que la reforma constitucional cordobesa de 2001 haya suprimido el sistema legislativo bicameral, porque debilitó los controles políticos. "Más allá de esta objeción, en materia de inmunidades, fue un ejemplo muy interesante, porque fueron suprimidas las inmunidades individuales, de arresto y de proceso, y sólo quedó para los legisladores la de opinión (no pueden ser molestados ni perseguidos por sus expresiones), que es la que debe caracterizar a los cuerpos legislativos", reconoció.

Una de cal y otra de arena
Tanto en el caso de Tucumán como en el de otras provincias, Hernández siempre bregó por el reconocimiento de las autonomías municipales. "Afortunadamente, el artículo 132 de la Constitución (reformada en 2006) posibilita el reconocimiento de la autonomía en todos sus aspectos, y establece la posibilidad de la sanción de Cartas Orgánicas (por los municipios mediante una Convención convocada por el intendente)", elogió.
No obstante, el tratadista precisó su disidencia parcial: "en un criterio algo estrecho, la Constitución tucumana subordina demasiado la autonomía a la intervención de la Legislatura (la convocatoria del intendente debe ser aprobada por esta). En una reforma constitucional pudieron haberse hecho modificaciones más amplias para garantizar mejor la autonomía".