Duro freno a la expansión agraria

La concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo Nacional y la prórroga de la Ley de Emergencia Económica -por séptimo año- solicitada nuevamente al Congreso,  y cuya aprobación se da por segura, más que situaciones excepcionales conforman hace largo tiempo una forma de gobierno que desdice de la republicana. Bajo esa cobertura política y supuestamente institucional, el régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias ha sido elevado entre 5 y 10 puntos mediante otro decreto de necesidad y urgencia (DNU). La medida ignoró que la base legal de las retenciones es el Código Aduanero. Este delega en el PEN la capacidad de fijar impuestos para ordenar la balanza comercial, pero establece que esas medidas deben ser temporales y tan sólo para regular ese equilibrio y no para recaudar más.
Complementario de esa situación es el hecho de que la Constitución prohíbe el uso de los DNU en materia tributaria. La realidad muestra, inversamente, el extenso período durante el cual estuvieron vigentes las retenciones, cuya recaudación no se coparticipa sino que va a parar directamente a las arcas del poder central sin otro control de uso que el del gobierno. Dicho de otra manera, se sustraen fondos de la actividad rural de los diferentes distritos, lo que produce efectos más graves en los productores de zonas marginales, donde los rendimientos son inferiores, o en los agricultores de menores recursos.
   Se ha dicho con razón, a propósito de esa política -mal llamada de emergencia por la extensión de su práctica en medio de una retórica triunfalista- sobre una producción agraria en la cual se combinan la demanda internacional y el alto nivel de tecnificación, que su riqueza no queda en el campo ni en el interior, sino que va a los centros urbanos. Con ello se está agravando en esas zonas del país el problema del hacinamiento y de la formación de villas de emergencia, y se están generando industrias poco competitivas pero subsidiadas, según un modelo que no funciona desde hace décadas. En este punto aparece una cuestión muy rara vez advertida a propósito del debate provocado por los subsidios agrícolas del mundo desarrollado. Estos se establecen por motivaciones geopolíticas: permiten consolidar comunidades rurales prósperas y evitar las migraciones a los núcleos urbanos y, con ello, la pobreza de las villas.
El régimen de retenciones que sustrae y no aporta a la actividad económica más importante y, por momentos, salvavidas de la nacional, como aconteció con la crisis del milenio, fue -y continúa siendo- observado hasta con desprecio por los centralismos omnímodos durante más de medio siglo. Sin embargo, el campo, pese a ello, fue evolucionado hasta alcanzar un nivel tecnológico internacionalmente reconocido, pero limitado en su crecimiento. La actual coyuntura internacional de demanda, por añadidura, lo sofoca, pues en lugar de aplicar impuestos a la tierra en forma equitativa para los productores, la renta que generan se les escabulle, lo que retacea y hasta impide la inversión creadora, no sólo agraria sino regional. La consecuencia es que el campo argentino, con potencialidad excepcional y hasta legendaria, no crece al ritmo de su lejano pasado, como lo viene haciendo Brasil, donde los cambios en la gestión política no impidieron la rotunda expansión construida sobre la base de la continuidad de coincidencias básicas. Debe comprenderse, pues, que no hay creatividad sin consensos; y que la distancia sin diálogo sólo puede terminar en lo que está ocurriendo: más retenciones.