El PE promulgó las reformas al Código Procesal Penal

El martes, el Poder Ejecutivo promulgó, con el número 7.954 de registro, la ley por medio de la cual la Legislatura modificó siete artículos del Código Procesal Penal de la provincia, con el fin de flexibilizar las condiciones para el dictado judicial de órdenes de prisión preventiva.
Además del gobernador, José Alperovich, firmó la iniciativa el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez. La norma será publicada, probablemente el lunes en el Boletín Oficial. Los lectores pueden leer el texto completo en LA GACETA online (www.lagaceta.com.ar) en el enlace al suplemento Tribunales.

Cambios clave
La modificación más importante, y que más polémica generó, se introdujo en el artículo 281. Por propuesta del oficialismo, el 22 de noviembre, la Legislatura añadió dos nuevas causales que ahora posibilitan que un juez de Instrucción dicte una orden de prisión preventiva: 1) en caso de flagrancia, cuando se tratara de delitos de robo o hurto. 2) Cuando se trate del delito de portación ilegal de armas (esto incluye a quien la entregara a cualquier persona que no acreditara su condición de legítimo usuario).
El otro retoque clave es el efectuado en el artículo 336, ya que ahora el juez de Instrucción contará con un plazo mayor, de 10 días (hasta ahora era de sólo cinco días) para dictar la orden de prisión preventiva a partir del requerimiento del fiscal de Instrucción. Este, por su parte, dispone también de 10 días para concretar el pedido, término que se cuenta desde la declaración del imputado. En los hechos, durante todo ese lapso permanecerá detenido aquel que fuera aprehendido y respecto del cual hubiera elementos de sospecha y se dieran, eventualmente, las causales para la procedencia de la medida restrictiva de la libertad.
Para su sanción y promulgación, el oficialismo invocó razones de seguridad. Por el contrario, organizaciones civiles, catedráticos y juristas advirtieron que los cambios podrían ser declarados inconstitucionales por supuesta colisión con los pactos internacionales celebrados por la Argentina (fueron incorporados a la Carta Magna nacional en 1994), según los cuales, en virtud del principio de inocencia, durante el desarrollo del proceso penal la regla es la libertad del investigado, salvo que existiera la presunción de que el imputado podría entorpecer o evadirse del accionar de la Justicia.
El gobernador llegó a polemizar incluso con el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, ya que este advirtió que podrían llegar al tribunal planteos que cuestionaran la legalidad de los cambios.

Facultades tributarias
Ayer, en el Boletín Oficial fue publicada con el número 7.952 la Ley que entró en vigencia a partir de hoy y que sustituye dos artículos del Código Tributario (el 41 bis y el 186 bis). En el primer caso, el Poder Ejecutivo quedó facultado para acordar -con carácter general y/o por categoría de contribuyentes (según valuaciones fiscales o cualquier otro parámetro que se pudiera establecer en forma objetiva)- objetos o actividades y bonificaciones de los montos que deba ingresar el contribuyente en concepto de tributos.
En el segundo caso, el gobernador podrá establecer, según las condiciones y requisitos que considere pertinentes, una reducción anual de hasta el 50% en el incremento de las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos no baldíos que pudieran producirse, como consecuencia de modificaciones en los valores unitarios básicos, a partir del período fiscal 2008 inclusive.