Ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones, actos de parcialidad manifiesta y desconocimiento del derecho. Estas son las causales que el abogado Manuel Oscar Pérez invocó para que José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la Cámara del Trabajo, sea sometido a un proceso de destitución.
El letrado formuló su pedido ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y se basó en la actuación del camarista en la causa “Mansilla, Miguel Angel vs. Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. s/despido”. La comisión, que preside el justicialista Sisto Terán, requirió ahora a la Cámara del Trabajo que remita copia del expediente, para que pueda ser consultado por los miembros de la comisión.
“La gravísima falta de orden en el desarrollo de sus funciones de magistrado hizo que ordene nuevamente medidas ya ordenadas y cumplidas, porque ni siquiera lee la causa o no quiere resolver el fondo de la cuestión, que ya lleva dos años en la Cámara”, se asegura en la presentación.
La causa, según el denunciante, había ingresado a la sala VI de la Cámara del Trabajo el 9 de noviembre de 2005. “El 8 de setiembre de 2006 se cumplieron las medidas para mejor proveer (es una facultad de los magistrados) y quedó el expediente en condiciones de que se dicte sentencia definitiva en el plazo de 45 días. El 27 de abril de este año, cuando había transcurrido siete meses y vencido con creces el plazo para pronunciarse, pedí pronto despacho. Entonces, en un acto poco serio, infantil y malicioso ordenó medidas para mejor proveer. Lo absurdo e inconcebible es que las medidas ya habían sido ordenadas antes y estaban cumplidas”, subrayó el abogado en el escrito.
El letrado formuló su pedido ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y se basó en la actuación del camarista en la causa “Mansilla, Miguel Angel vs. Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. s/despido”. La comisión, que preside el justicialista Sisto Terán, requirió ahora a la Cámara del Trabajo que remita copia del expediente, para que pueda ser consultado por los miembros de la comisión.
“La gravísima falta de orden en el desarrollo de sus funciones de magistrado hizo que ordene nuevamente medidas ya ordenadas y cumplidas, porque ni siquiera lee la causa o no quiere resolver el fondo de la cuestión, que ya lleva dos años en la Cámara”, se asegura en la presentación.
La causa, según el denunciante, había ingresado a la sala VI de la Cámara del Trabajo el 9 de noviembre de 2005. “El 8 de setiembre de 2006 se cumplieron las medidas para mejor proveer (es una facultad de los magistrados) y quedó el expediente en condiciones de que se dicte sentencia definitiva en el plazo de 45 días. El 27 de abril de este año, cuando había transcurrido siete meses y vencido con creces el plazo para pronunciarse, pedí pronto despacho. Entonces, en un acto poco serio, infantil y malicioso ordenó medidas para mejor proveer. Lo absurdo e inconcebible es que las medidas ya habían sido ordenadas antes y estaban cumplidas”, subrayó el abogado en el escrito.
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