Ofuscado, el concejal José Luis Avignone (UCR) renegó ayer por una decisión del intendente, Domingo Amaya, a la que consideró “una restricción de información”. Todo comenzó cuando, el edil presentó un expediente en el que hizo notar que Amaya debía pedir autorización al Concejo Deliberante para ausentarse de la provincia.
Esa advertencia de Avignone se originó a raíz del viaje que hizo -recientemente- el jefe municipal a Estados Unidos.
Desde la intendencia le devolvieron la documentación a Avignone con el argumento de que “toda nota o pedido de información o solicitud de carácter general que solicite algún concejal debe ser remitida vía presidencia del cuerpo”. Es decir que si algún concejal pretende efectuar un pedido de informes, antes deberá obtener el aval del titular del Concejo Deliberante; en este caso, Ramón Cano (PJ).
“Estas actitudes pueden empañar su gestión, ya que estas prácticas pueden derivar en la burocratización y en enfrentamientos estériles”, afirmó Avignone en otra nota que envió a la intendencia. “A mi entender, estos son resabios de otros gobiernos que no brindaban la información requerida”, señaló.
Avignone recordó que, en 1984, se sancionó la ordenanza 111/84 en la que se establece la obligación de que el municipio preste colaboración e informe sobre cualquier requerimiento que formulen los concejales.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, justificó la decisión oficial. “Es a los fines de cumplir la normativa vigente que existe tanto en el Concejo Deliberante como en el Departamento Ejecutivo y para restablecer los canales normales de institucionalidad. No se trata de ocultar información -dijo-; sino de restabecer los vasos comunicantes que deben ser institucionales por más que algunos concejales tengan tres o cuatro mandatos”.
Esa advertencia de Avignone se originó a raíz del viaje que hizo -recientemente- el jefe municipal a Estados Unidos.
Desde la intendencia le devolvieron la documentación a Avignone con el argumento de que “toda nota o pedido de información o solicitud de carácter general que solicite algún concejal debe ser remitida vía presidencia del cuerpo”. Es decir que si algún concejal pretende efectuar un pedido de informes, antes deberá obtener el aval del titular del Concejo Deliberante; en este caso, Ramón Cano (PJ).
“Estas actitudes pueden empañar su gestión, ya que estas prácticas pueden derivar en la burocratización y en enfrentamientos estériles”, afirmó Avignone en otra nota que envió a la intendencia. “A mi entender, estos son resabios de otros gobiernos que no brindaban la información requerida”, señaló.
Avignone recordó que, en 1984, se sancionó la ordenanza 111/84 en la que se establece la obligación de que el municipio preste colaboración e informe sobre cualquier requerimiento que formulen los concejales.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, justificó la decisión oficial. “Es a los fines de cumplir la normativa vigente que existe tanto en el Concejo Deliberante como en el Departamento Ejecutivo y para restablecer los canales normales de institucionalidad. No se trata de ocultar información -dijo-; sino de restabecer los vasos comunicantes que deben ser institucionales por más que algunos concejales tengan tres o cuatro mandatos”.
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