La situación de nuestra política exterior

Entre las escasas novedades que está deparando la llegada al poder del nuevo gobierno no figuran cambios en la política exterior, desde hace ya largo tiempo influida por los giros circunstanciales de la interna. Especialmente en lo concerniente a la situación de los embajadores, más de la mitad de los cuales tienen carácter político y de representantes del Presidente, antes que de la Nación argentina e integrantes del servicio exterior. Es por ello que todos los que ostentan ese cargo en nuestros países limítrofes revisten dicha condición, en tanto que quienes los representan en Buenos Aires son profesionales. A partir de la década de los 90, nuestra política exterior se definió desde la visión de un partido, el justicialista, se la consideró como la política de Carlos Menem y, salvo el corto período de la Alianza, ahora es calificada como la de Néstor Kirchner y seguramente pasará a ser la de su esposa y sucesora. Hasta tal punto es así que más de la mitad de los embajadores argentinos tienen actualmente carácter político, con la particularidad de que muchos de ellos fueron funcionarios o han sido elegidos electoralmente para funciones legislativas que no habrán de asumir por ser designados jefes de misiones diplomáticas. En este último caso, a dicha circunstancia se suma una suerte de menosprecio por sus  electores.
Los embajadores políticos son comisionados en otros países tan sólo para circunstancias excepcionales en que sus gobiernos requieren una relación más personal, circunstancial y directa, pero no implica esa postergación de los cuerpos diplomáticos que, en nuestro caso, está integrado por profesionales de carrera formados en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), cuyo ingreso requiere título universitario, y con un orden escalafonario que hizo de ese cuerpo un modelo ejemplar en el orden internacional. Esa organización profesional altamente calificada respondió a la circunstancia de que la política exterior sea una política de Estado con objetivos de largo plazo, y que define con muy ocasionales variantes el perfil internacional de una nación. Muy rara vez, en consecuencia, los vaivenes de la política interna deberían trastornar esa línea, dejando al servicio profesional en un virtual banco de suplentes. Por ello, precisamente, los embajadores deben contar con el acuerdo parlamentario en los sistemas republicanos o monárquico-democráticos. El tiempo normal de duración de una función diplomática profesional es por ello diferente del del gobierno que lo designó, y tan sólo excepcionalmente perdura lo que ese gobierno dispone cuando se trata de un representante político. A propósito de la política exterior personalista que ha caracterizado la gestión pública argentina desde la década de los 90 y se ha extremado en los recientes años, debe señalarse que no pocos de los embajadores políticos han accedido a esos cargos como retribución por otras actividades y carecen de las condiciones requeridas para representar eficientemente los intereses de la Nación.
La política exterior de un país soberano debe dar previsibilidad al cumplimiento de sus compromisos, más allá de la duración de sus gobiernos, lo cual no impide que deba adecuarse con situaciones de la realidad internacional. El retorno a ese principio debería ser un objetivo fundamental de ahora en más, para evitar que nuestro país exhiba una imagen externa variable y hasta confusa, que degrade la confianza de la compleja comunidad internacional.