Por Redacción Política
29 Noviembre 2007
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La defensa del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana (PJ), no baja los brazos en el afán de conjurar el avance de la investigación que le siguen a este por supuesta contaminación ambiental durante su anterior gestión municipal (1999-2003). El abogado Nicolás Pedro Brito solicitó que sea declarada la nulidad de todos los actos procesales cumplidos a partir del 29 de junio de 2003, cuando Orellana fue elegido legislador para el período 2003-2007. Como consecuencia, pidió que la causa, que ya fue elevada a juicio oral, vuelva a la etapa de instrucción; es decir, al comienzo.
El planteo fue deducido ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), ante el cual se encuentra el expediente, y ahora se le corrió vista de la presentación al fiscal federal general ante el TOF, Alfredo Terraf, para que emita una opinión (que no es vinculante).Brito se basó en una de las conclusiones del fallo de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que principalmente declaró competente a la Justicia Federal para que siguiera entendiendo en la causa (la defensa pretendía que pasara a la órbita provincial). En la resolución, el tribunal con sede en la Capital Federal consideró también que el caso no resultaba aplicable a la denominada Ley 25.320 (más conocida como Carrió, por el nombre de su autora, la ex diputada nacional Elisa Carrió), que permite que, en la órbita nacional, un proceso siga adelante hasta su definitiva conclusión sin que, previamente, sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al funcionario o legislador investigado. Como consecuencia, la Cámara Nacional de Casación Penal advirtió que, en el expediente de Orellana, para poder avanzar hay que respetar la normativa vigente en la provincia en materia de fueros o de privilegios constitucionales.
Táctica diseñada
Brito pretende derribar la declaración indagatoria prestada por su defendido (el 5 de agosto de 2003), acto sin el cual no puede haber una orden de procesamiento y una posterior elevación a juicio oral de la causa. "En la especie fluye la nulidad de todos los actos procesales practicados desde el 29 de junio de 2003 en virtud de la prerrogativa constitucional (léase fueros) desde su elección como legislador provincial, fecha desde la cual la investigación debió ser jurisdiccional (ver nota aparte), y no fiscal; y se debió determinar si correspondía o no el pedido de desafuero para su eventual indagatoria", dijo el letrado.
El abogado insistió con su argumento. "Sin embargo, (Orellana) fue investigado por un fiscal (y no por un juez, como cuando se trata de una investigación jurisdiccional) y fue citado a la luz de la Ley 25.320 que, al haber sido declarada inaplicable, ordenó una remisión a las normales procesales que regulan la materia en relación con un legislador provincial", manifestó.
En la presentación, Brito recalcó que, como la Ley Carrió fue declarada inaplicable al caso, era extraña al proceso, razón por la que existía un obstáculo constitucional (el definido por la normativa procesal tucumana), que no podía ser soslayado. "Se exigía la investigación jurisdiccional, excluyendo al fiscal de ella, por lo que la causa en su integridad deviene nula desde la fecha de su elección como legislador, vicio que se extiende a todos los actos subsiguientes hasta la actualidad, incluyendo declaración indagatoria, auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio y auto de elevación. Todos ellos no son susceptibles de mutación parcial por el principio de unidad e indivisibilidad de los actos procesales como normas de orden público", enumeró.
Aparente contradicción entre dos normas
La causa por supuesta contaminación, en la que está procesado por la Justicia Federal el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, tiene una complejidad: el artículo 138 de la Constitución sancionada en 2006 equipara a los intendentes con el gobernador.
"El intendente, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo", dice la norma.
No obstante, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone: "imputándose al intendente un delito penal, su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en autos la existencia de semiplena prueba de responsabilidad". Frente a la aparente colisión entre las dos normas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal solicitó al fiscal federal general ante ese cuerpo, Alfredo Terraf, que emita una opinión (no es vinculante) respecto de los pasos a seguir para, llegado el caso, someter a Orellana a un juicio oral.
El planteo fue deducido ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), ante el cual se encuentra el expediente, y ahora se le corrió vista de la presentación al fiscal federal general ante el TOF, Alfredo Terraf, para que emita una opinión (que no es vinculante).Brito se basó en una de las conclusiones del fallo de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que principalmente declaró competente a la Justicia Federal para que siguiera entendiendo en la causa (la defensa pretendía que pasara a la órbita provincial). En la resolución, el tribunal con sede en la Capital Federal consideró también que el caso no resultaba aplicable a la denominada Ley 25.320 (más conocida como Carrió, por el nombre de su autora, la ex diputada nacional Elisa Carrió), que permite que, en la órbita nacional, un proceso siga adelante hasta su definitiva conclusión sin que, previamente, sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al funcionario o legislador investigado. Como consecuencia, la Cámara Nacional de Casación Penal advirtió que, en el expediente de Orellana, para poder avanzar hay que respetar la normativa vigente en la provincia en materia de fueros o de privilegios constitucionales.
Táctica diseñada
Brito pretende derribar la declaración indagatoria prestada por su defendido (el 5 de agosto de 2003), acto sin el cual no puede haber una orden de procesamiento y una posterior elevación a juicio oral de la causa. "En la especie fluye la nulidad de todos los actos procesales practicados desde el 29 de junio de 2003 en virtud de la prerrogativa constitucional (léase fueros) desde su elección como legislador provincial, fecha desde la cual la investigación debió ser jurisdiccional (ver nota aparte), y no fiscal; y se debió determinar si correspondía o no el pedido de desafuero para su eventual indagatoria", dijo el letrado.
El abogado insistió con su argumento. "Sin embargo, (Orellana) fue investigado por un fiscal (y no por un juez, como cuando se trata de una investigación jurisdiccional) y fue citado a la luz de la Ley 25.320 que, al haber sido declarada inaplicable, ordenó una remisión a las normales procesales que regulan la materia en relación con un legislador provincial", manifestó.
En la presentación, Brito recalcó que, como la Ley Carrió fue declarada inaplicable al caso, era extraña al proceso, razón por la que existía un obstáculo constitucional (el definido por la normativa procesal tucumana), que no podía ser soslayado. "Se exigía la investigación jurisdiccional, excluyendo al fiscal de ella, por lo que la causa en su integridad deviene nula desde la fecha de su elección como legislador, vicio que se extiende a todos los actos subsiguientes hasta la actualidad, incluyendo declaración indagatoria, auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio y auto de elevación. Todos ellos no son susceptibles de mutación parcial por el principio de unidad e indivisibilidad de los actos procesales como normas de orden público", enumeró.
Aparente contradicción entre dos normas
La causa por supuesta contaminación, en la que está procesado por la Justicia Federal el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, tiene una complejidad: el artículo 138 de la Constitución sancionada en 2006 equipara a los intendentes con el gobernador.
"El intendente, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo", dice la norma.
No obstante, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone: "imputándose al intendente un delito penal, su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en autos la existencia de semiplena prueba de responsabilidad". Frente a la aparente colisión entre las dos normas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal solicitó al fiscal federal general ante ese cuerpo, Alfredo Terraf, que emita una opinión (no es vinculante) respecto de los pasos a seguir para, llegado el caso, someter a Orellana a un juicio oral.
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