Decretan el desprecio por la ley y la transparencia

El escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde (1854-1900) escribió que, en cada instante de su vida, un hombre es todo lo que fue y será. Acaso, la misma profecía se aplica a los gobiernos y, entonces, cada uno de los actos que emanan de ellos son, en definitiva, todo lo que han representado. Y todo cuanto van a encarnar. El decreto 8/3 es, en ese contexto, angustiantemente revelador.
Según el decreto, como hay demoras en la remisión de fondos de la Nación, el Gobierno gestionará que el Banco del Tucumán preste dinero a las contratistas del Estado para que sigan con sus trabajos. Esos préstamos se cancelarán cuando lleguen las remesas y la Provincia no sólo se hará cargo de los intereses sino que, además, pagará el total del crédito si en 180 días (plazo para devolver la plata) no llegaran los recursos nacionales.
La norma es una muestra de desprecio por el Parlamento y las leyes. Está fechada el jueves pasado, cuando los legisladores discutían el Presupuesto 2008 que, por supuesto, no prevé esta situación. Más aún: ese día, con el artículo 7 de ese decreto, el Ejecutivo se facultaba a modificar ese Presupuesto que aún no había sido aprobado.
En decreto 8/3 también testimonia el manejo oscuro de los fondos del pueblo. Este Gobierno, el de los ahorros que no aparecen, el de los fideicomisos municipales que no figuran en el Presupuesto, el de los casi $ 1.000 millones de ampliación presupuestaria en 2007, el de los $ 5.006 millones de recursos para 2008, dice ahora que no tiene plata. Ni siquiera para cubrir, sólo por los próximos 60 días (esos en que la obra pública suele paralizarse por el mal clima), alguna mora federal. No es por más tiempo: la Nación garantizó esta semana que, a más tardar en febrero, se regularizarán todas las remesas.
Sin embargo, el alperovichismo decretó que el Estado que administra está en ruinas y que la Nación atrasa. Entonces, habrá que pedirle plata al banco para no frenar la obra pública. O sea, los tucumanos deberán pagar intereses por fondos que, en realidad, son de ellos.

“Desconfío”
Ahora bien, en el juego del “desconfío” no hay que poner la duda en la parte del decreto que refiere al préstamo. En rigor, al Gobierno le encantaría que el debate girase, incluso, en torno de la tasa del crédito, porque la discusión sería baladí. Tendrán razón los opositores si dicen que se pagará un interés anual del 18% por dinero cuyo recupero el banco tiene garantizado. Pero también tendrán razón los oficialistas si argumentan que la tasa, lejos de ser usuraria, es competitiva. Para el caso, en el mercado local, se pierde un 3,5% mensual (anualizado, un 42%) en el cambio de un certificado de obra.
A donde hay que apuntar, en consecuencia, es a la relación entre el Estado y el tercer protagonista del decreto 8/3: las empresas constructoras. Se les otorgan contratos sin licitación con el argumento de que son sólidas financieramente. Pero, a partir del DNU en cuestión, parece que además de concederles la realización de la obra también hay que gestionarles los fondos para que compren los materiales y contraten al personal.
Pese a la dudosa solvencia de estas firmas, el alperovichismo decretó que la Provincia será su garante: el Estado responde por ellas ante el banco si, pasados seis meses, no llegó el dinero de la Nación para pagar los préstamos. Lo cual lleva a otra pregunta incómoda. ¿Qué hace que el Gobierno que en 180 días dispondrá de la plata para pagar todos los créditos no cuente ahora con ese dinero, a fin de evitar esta operatoria?

Enseñanzas del fracaso
Del racconto de contradicciones y embustes oficiales, surge que lo que en realidad busca el Gobierno, que es el gestor de las líneas de créditos, es liquidez fabulosa en condiciones excepcionales. El Banco va a prestar todo lo que le pidan porque su margen de riesgo es nulo. Y el Gobierno va a disponer libremente de esos fondos porque, qué curiosidad, la única expresión que no aparece en el DNU es “contra certificación de obra”.
Ese era un ingrediente central en un ensayo similar que encaró el Gobierno en agosto de 2006. Fue un fracaso. Por el decreto 18/3, el Banco del Tucumán también habilitaba una línea de crédito para sostener la obra pública ante una inminente demora de las remesas nacionales, según se dijo. Pero a los préstamos los pedían las constructoras, que cancelaban la deuda progresivamente, mediante la presentación de -justamente- los certificados de obra. Es decir, construían, se verificaba la tarea y se acreditaba su concreción.
Es interesante advertir que casi dos meses después de dictado ese decreto del año pasado, nadie había solicitado uno de esos préstamos. Es más, se ve que el Ejecutivo había equivocado su diagnóstico porque a fines de setiembre se regularizaban los pagos y desde la Cámara Tucumana de la Construcción se manifestaba que el acceso al crédito oficial había dejado de ser una opción (LA GACETA 27/09/2006). Ahora, al crédito lo pide y lo garantiza la provincia. Y no sólo para cancelar trabajos concretados. Luego, el mismo sector que antes no veía atractiva la operatoria, ahora la ve como un fructífero entendimiento con el Estado.
Eso sí: la operatoria anterior era por $ 50 millones. La actual es por $ 180 millones, gracias a que el oficialismo parlamentario manifiesta que decidió ponerles un tope a esos fondos. Qué suerte que se pusieron firmes…
A lo que no ponen límites -ni siquiera ficticios- es a la erosión contra la Legislatura. Entre la delegación de facultades, el acuerdo individual de los gastos de bloque y un haber mensual inferior al sueldo de un delegado comunal, el Ejecutivo pareciera querer pautar que los $ 40.000 mensuales por fuera de la dieta son, más bien, un canon de arriendo y usufructo de la banca. Porque, en cada voto, un legislador es todo lo que fue. Y lo que será.