El Gobierno y la movilidad previsional

BUENOS AIRES.- Tras el silencio y desconcierto que produjeron el fallo y la declaración de la Corte Suprema de Justicia en el riñón gubernamental, donde se esperaba un pronunciamiento por estos días, el jefe del Gabinete deslizó una declaración tratando de no rozar con la Justicia pero con un trasfondo razonable. En ella anticipó que se estudiará un índice de actualización para la clase pasiva que no comprometa al erario público. Hay que ser cuidadoso, agregó Alberto Fernández, “porque si no todo se convierte en un juego casi de libertinaje en el manejo de los fondos públicos”. O sea, que el Gobierno no tiene otro remedio que aceptar la vía señalada por el tribunal supremo, consistente en establecer un mecanismo que preserve automáticamente el ya histórico y progresivo empobrecimiento de la clase pasiva.
La palabra libertinaje quizá suena dura en boca del funcionario que, con sus superpoderes para  reasignar partidas del presupuesto, acaba a disponer una ampliación de casi $12.000 millones tras la mayor que días atrás dispuso Kirchner para gasto público.
El Gobierno no podrá remediar los efectos del fallo en cuanto al caso Badaro y los 50.000 juicios o más en trámite, pero el índice de movilidad que Fernández anticipa -sin poderlo precisar- difícilmente pueda demorar más allá del problema que acaba de concretarse.
Por lo pronto, el defensor del pueblo de la Nación, Guillermo Mondino, considera que hubo una tremenda injusticia en la omisión del millón o más de jubilados que no iniciaron juicio y deberían hacerlo si pretenden ser alcanzados por la movilidad. Es por ello que Mondino estudia, actualmente, una presentación colectiva a la Justicia para solicitar la actualización móvil en forma igualitaria.
Lo que no se debe seguramente hacer es desatar un colapso fiscal, por lo que el Gobierno optaría por fijar el mecanismo de movilidad y no dejarlos, entretanto, en el desamparo, pues también la Justicia podría tener un colapso con tan solo un tercio de las previsibles acciones de ese sector de pasivos. Paradójicamente, la realidad es que son premiados quienes enfrentaron al poder político y castigados los que no lo hicieron.
Las primeras manifestaciones de Alberto Fernández no deben interpretarse como jefe del Gabinete de Néstor Kirchner, sino de Cristina, que lo tendrá en el mismo cargo y a quien el peso de la responsabilidad le cae de lleno a la hora de precisar qué debe ser una concertación social y quiénes estarán en ella, con esa carga histórica tan antisocial de la limosneada clase pasiva.
Limosneada tercera edad que, al mismo tiempo de estos problemas, observa cómo una ex ministra de Economía echada por una gruesa sospecha de irregularidades, dispone de autos y custodias oficiales para ir y venir a su nuevo empleo de administradora de Hebe de Bonafini. (De nuestra Sucursal)