Bussi y otros militares irán a juicio oral por su intervención en el "Plan Cóndor"
La medida fue adoptada por el juez Torres y afecta a 17 represores a quienes se les imputan delitos de "lesa humanidad". El programa fue un acuerdo entre las dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.
Por Redacción Política
28 Noviembre 2007
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BUENOS AIRES.- El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a diecisiete represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, a raíz de su intervención en el denominado "Plan Cóndor" de represión del Cono sur.
La nómina incluye al ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, quien actualmente se encuentra detenido por otras causas. Completan la lista Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros, dijeron fuentes judiciales.
La medida ordenada por el juez Torres incluye, también, a Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Genardo Díaz Bessone, Antonio Vañek, Juan Pablo Saa, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.
A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado "Plan Cóndor" como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.
Subrogando a su colega Guillermo Montenegro -quien renunció recientemente para dedicarse a la actividad política y cuya investigación fue calificada como "prolija y brillante" por allegados a Torres- el juez clausuró la instrucción y remitió el expediente para que se sortee el Tribunal Oral en lo Federal que llevará adelante el proceso.
Durante la etapa instructoria, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación, en estas actuaciones, de todos los procesados detenidos a excepción de Videla quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", recordaron las fuentes que explicaron que, no obstante, la mayoría sigue detenida por otras causas.
Este expediente -que lleva el número 13.445- lo tramitaron inicialmente los ex jueces Adolfo Bagnasco y Jorge Urso tras cuyas renuncias se hizo cargo del mismo Montenegro quien, tras su dimisión, posibilitó que quedase a cargo de Torres, el mismo magistrado que investiga la "megacausa ESMA" por delitos en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto naval.
En estas actuaciones se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos conjuntos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes.
En el marco de la pesquisa se investigaron las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del escritor Juan Gelman, "desaparecida" en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1976, puntualizaron los informantes.
El 10 de julio de 2001 se dictó el procesamiento, con prisión preventiva, de Videla por "asociación ilícita agravada"; que fue ampliado el 27 de septiembre de ese a[o por privación ilegal de la libertad de sus víctimas, reiterado en 72 oportunidades; en tanto el 3 de septiembre de 2004 la misma medida alcanzó a los otros ex jefes militares.
Las fuentes recordaron que resta profundizar la investigación respecto de "las autoridades policiales de las diversas jurisdicciones" y los "agregados militares argentinos en las representaciones diplomáticas" en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
También se encuentra en trámite la solicitud de extradición formulada respecto de los militares uruguayos Juan Manuel Cordero Piacentini, José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Mendia Blanco, Ernesto Avelino Rama, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Vázquez Bisio. (Télam)
La nómina incluye al ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, quien actualmente se encuentra detenido por otras causas. Completan la lista Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros, dijeron fuentes judiciales.
La medida ordenada por el juez Torres incluye, también, a Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Genardo Díaz Bessone, Antonio Vañek, Juan Pablo Saa, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.
A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado "Plan Cóndor" como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.
Subrogando a su colega Guillermo Montenegro -quien renunció recientemente para dedicarse a la actividad política y cuya investigación fue calificada como "prolija y brillante" por allegados a Torres- el juez clausuró la instrucción y remitió el expediente para que se sortee el Tribunal Oral en lo Federal que llevará adelante el proceso.
Durante la etapa instructoria, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación, en estas actuaciones, de todos los procesados detenidos a excepción de Videla quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", recordaron las fuentes que explicaron que, no obstante, la mayoría sigue detenida por otras causas.
Este expediente -que lleva el número 13.445- lo tramitaron inicialmente los ex jueces Adolfo Bagnasco y Jorge Urso tras cuyas renuncias se hizo cargo del mismo Montenegro quien, tras su dimisión, posibilitó que quedase a cargo de Torres, el mismo magistrado que investiga la "megacausa ESMA" por delitos en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto naval.
En estas actuaciones se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos conjuntos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes.
En el marco de la pesquisa se investigaron las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del escritor Juan Gelman, "desaparecida" en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1976, puntualizaron los informantes.
El 10 de julio de 2001 se dictó el procesamiento, con prisión preventiva, de Videla por "asociación ilícita agravada"; que fue ampliado el 27 de septiembre de ese a[o por privación ilegal de la libertad de sus víctimas, reiterado en 72 oportunidades; en tanto el 3 de septiembre de 2004 la misma medida alcanzó a los otros ex jefes militares.
Las fuentes recordaron que resta profundizar la investigación respecto de "las autoridades policiales de las diversas jurisdicciones" y los "agregados militares argentinos en las representaciones diplomáticas" en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
También se encuentra en trámite la solicitud de extradición formulada respecto de los militares uruguayos Juan Manuel Cordero Piacentini, José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Mendia Blanco, Ernesto Avelino Rama, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Vázquez Bisio. (Télam)
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