"Es un error poner toda la esperanza en la reforma legal"

Un plan coordinado en el que intervengan todas las agencias y poderes del Estado; una formación moderna de las fuerzas policiales y del personal judicial, y participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas. Esta es la receta que ayer, durante su paso por Tucumán, dejó el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Ciafardini,  para abordar el problema de la inseguridad. “La solución no pasa exclusivamente por las reformas legales. Hay otras cuestiones que están pendientes y que tienen mucho más que ver con lo que es la seguridad cotidiana, más allá de lo que puede ser una pena o una adecuación procesal. Esto no quiere decir que no sean necesarias las reformas, pero poner toda la esperanza del mejoramiento de la seguridad en ellas es un error”, advirtió.
Invitado por la ONG Andhes y por la Embajada británica, el también profesor de Criminología de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia disertó ante funcionarios, operadores judiciales y policías. Reiteró que la seguridad compete, en primer lugar, a los Poderes Ejecutivos, aunque también involucra a los otros, como se desprende del diálogo que mantuvo con LA GACETA.

-Desde el Poder Judicial suele decirse que el problema es del Ejecutivo y desde este se replica contra la lentitud de los jueces. ¿Quién tiene mayor responsabilidad?
-No es cuestión de devolverse la pelota, porque el Estado es uno solo. De lo que se trata es de trabajar coordinadamente. La Justicia no es un órgano dispositivo, que tenga acciones que realizar, sino que resuelve casos que le son llevados a su conocimiento. Lo mejor es que se resuelvan lo antes posible, de la mejor manera. El que no haya impunidad, que la Justicia sea rápida, que no estén llenas las cárceles de procesados, sino de condenados, etcétera, provee a un mejor manejo de la seguridad. Pero cuando hablamos de un plan de prevención del delito, del manejo de la vigilancia policial, de estrategias, todo eso es responsabilidad del Gobierno.

-¿Por qué suele plantearse la discusión entre mano dura y garantismo?
-Son discusiones estériles, que no tienen nada que ver con la realidad y que no conducen a nada, porque la Justicia siempre debe ser garantista, en el sentido de que deben aplicarse las garantías a todo el mundo. Es la base de un estado de derecho. No hay alternativa a esto. Y si mano dura significa violar la ley o los derechos individuales es un delito, pero si implica ser estrictos en la vigilancia y en el cumplimiento de la ley estamos de acuerdo, no hay discusiones.

-¿Cuál es la solución?
-El problema no es exclusivamente policial, ni siquiera judicial. Incluye cuestiones de redistribución, de inclusión social, institucionales, educativas, de reorganización de la administración de la seguridad, reformas policiales (especialmente en educación), etcétera. Además, es clave la participación comunitaria. Para hacer el diagnóstico del problema, los mapas delictivos, para determinar las prioridades por zona es indispensable el consenso comunitario. No se pueden llevar adelante estas políticas sin una consulta ordenada y sin una posterior evaluación por parte de la población.
 
-En ocasiones, esa consulta ordenada de la que Ud. habla es reemplazada por el humor social que se genera a partir de casos resonantes...
-No se puede llevar adelante una política seria de seguridad respondiendo a los acontecimientos coyunturales. Mañana puede haber un tema de violación y pasado mañana otro. Eso no ayuda, más allá de que los gobiernos siempre estén obligados a dar alguna respuesta a la opinión pública. Los medios también juegan un papel en todo esto. Lo serio es una planificación integral a partir de un buen diagnóstico, para definir cuáles son los problemas más acuciantes, frecuentes y graves que padece una comunidad.