Asignaturas pendientes del sistema carcelario

Desde hace muchos años, el sistema carcelario de país y, en particular, el de Tucumán vienen haciendo agua por todos los costados. La inseguridad pública se ha incrementado de un modo alarmante y el sistema judicial prosigue en una preocupante crisis. El domingo pasado, en el marco de la Red de Periodismo Social que LA GACETA integra junto con otros diarios del interior del país, dedicamos un extenso informe a esta problemática.
Un abogado penalista y ex legislador afirmó que el sistema penal de la provincia corre el riesgo de colapsar porque los organismos tutelares de los internos no funcionan. En su opinión, no se implementa un programa educativo, de aprendizaje de oficios o de trabajo realizado con seriedad y con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Señaló que sólo trabajan los presos que quieren hacerlo, y pese a que en el penal de Villa Urquiza se ha creado un coro, por iniciativa de un profesor y de una iglesia, la actividad se desarrolla en forma voluntaria y no como consecuencia de una política del Estado. Cuestionó, por otro lado, que la cárcel albergue a delincuentes comunes con otros enfermos de sida o adictos a drogas ilegales. Señaló que la Legislatura tucumana aprobó por ley la creación de una granja terapéutica, que iba a emplazarse en un terreno que se había conseguido por medio del programa “Activo por activo”, pero que el proyecto nunca se concretó.
Como dato estadístico, señalamos que son 1.071 los presos que alberga el sistema carcelario provincial, de los cuales 659 (el 62,6 %) están procesados y aguardan el juicio oral, mientras que sólo 393 (37,3 %) cumplen condenas firmes. El penal de Villa Urquiza alberga a 871 reclusos.
Otro aspecto que necesita atención, de acuerdo con algunos jueces, es la necesidad de que no se abuse de la prisión preventiva, una norma excepcional que debería emplearse en casos de riesgo de que el acusado se fugara o interfiriera en la investigación. “Sin embargo, en Tucumán se la aplica como regla y la excepción es la libertad, lo cual está en contra del principio de inocencia”, dijo una integrante del foro local. Recordó además que en 2004 se creó por ley la figura del juez de ejecución de sentencia y que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido puesta en práctica. Los números hablan por sí mismos: el 62,6 % de los reclusos se halla procesado a la espera del juicio, lo que genera serios problemas. Por caso, el director de la Unidad Penal Nº 3 de Concepción señaló que las demoras de los procesos judiciales fueron las causas más importantes de revueltas. De los 166 reos alojados en esa penitenciaria, 92 son penados y 74 están procesados. El 34 % está preso por hurto o robo; el 32 % por abuso sexual y el 31 % por homicidio o tentativa.
Si bien es cierto que se han encarado desde el Gobierno algunas mejoras en la cárcel de Villa Urquiza, como la alfabetización de los internos por medio del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos en Contextos de Encierro, que se desarrolla en el marco de la educación no formal, y se anunció que a partir de enero se repararán  las unidades 1 y 2 de ese penal, algunas asignaturas siguen pendientes y es necesario encararlas de forma global. Se debe partir de la educación en el caso de la rehabilitación de los reclusos, porque es el único camino para la reinserción en la sociedad una vez que se hallen en libertad. En el ámbito de la Justicia, urge hallar soluciones concretas para revertir una realidad que se deteriora día a día. Los representantes del pueblo deben dejar de mirar para otro lado y dar las respuestas que desde hace años la sociedad les viene pidiendo.