Sassi Colombres cree que el Ciadi no consideró una prueba

El 10 de diciembre es la fecha prevista para que el Gobierno nacional impugne el laudo arbitral que, en agosto, condenó a la Argentina a pagar al francés Grupo Vivendi U$S 105 millones por la rescisión del contrato para la provisión del servicio de agua potable y cloacas a la Compañía de Aguas del Aconquija (subsidiaria de aquel). La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Osvaldo Guglielmino, planteará la nulidad de la resolución emitida por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial al que recurrió la corporación en 1996.
Entre el lunes y el martes, el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, estuvo en Buenos Aires para delinear con Guglielmino los ejes del planteo. A este debe interponerlo la Nación, esta fue la parte demandada en el diferendo. En un convenio celebrado entre la Argentina y Francia, se estipuló que se dirimirían ante el Ciadi los litigios en los que los intereses de empresas privadas de cualquiera de ambos países resultaran eventualmente afectados en el territorio del otro.
Sassi Colombres dejó a Guglielmino un documento con la posición tucumana sobre el laudo.

Dos razones 
Tres serán los argumentos (agravios se dice técnicamente) que invocará la Argentina. “En primer lugar, nos sorprendió que la prueba ofrecida y aportada por nuestra parte ni siquiera haya sido considerada, no ya valorada, lo que favoreció la posición del Grupo Vivendi”, explicó el funcionario a LA GACETA.
El tribunal del Ciadi condenó a la Argentina a desembolsar una indemnización por no haber asegurado un trato equitativo a la CAA. “Para el cálculo del lucro cesante (las ganancias que, supuestamente, dejó de percibir la empresa como consecuencia de la rescisión del contrato) recurrieron en forma arbitraria a una fórmula con la que no estamos de acuerdo y hay una operación aritmética que está equivocada”, se quejó el fiscal de Estado.
El tercer agravio que invocaría la Procuración del Tesoro (es el equivalente a la Fiscalía de Estado en el orden nacional) es que uno de los miembros del jurado estaría vinculado a una empresa que es accionista del Grupo Vivendi. En la Nación consideran que debería haberse inhibido de actuar. El tribunal Ciadi estuvo integrado por el canadiense William Rowley (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea. Las objeciones estarían dirigidas contra Kaufmman-Kohler.

Larga historia
En los considerandos del laudo, el tribunal responsabilizó -con duros términos- al gobierno de Antonio Bussi (1995-1999). Este, en 1996, había intentado renegociar el contrato de concesión del servicio como consecuencia del incremento de las tarifas. Sucede que una comisión legislativa creada ad hoc había concluido que el convenio original, pactado durante el gobierno de Ramón Ortega (que había otorgado los servicios a la CAA durante 30 años), adolecía de serias irregularidades.
No obstante, según el tribunal del Ciadi, los funcionarios de Bussi nada hicieron por apaciguar los ánimos, sino todo lo contrario. “En lugar de salir a explicar las causas de las modificaciones sumaron su voz a las protestas. En verdad, se formó un verdadero coro, donde competían legisladores, periodistas, políticos y dirigentes de la sociedad civil, en presentarse como más virulentos”, recalcaron.