Dos vocales del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf (preside el organismo) y Sergio Díaz Ricci, enfrentan un pedido de juicio político. La solicitud de destitución acaba de ser presentada en el Poder Legislativo por el abogado Pedro Isaac Pabón.
El letrado sostiene que los miembros del ente de contralor incurrieron en presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber autorizado el emprendimiento Lomas de Tafí. Pabón, precisamente, patrocina a Olga del Valle Córdoba en un juicio de $ 327,2 millones en contra del Estado, en el cual, además, se exige la restitución a la demandante de las tierras donde se encaró la construcción de las 3.000 viviendas.
En esa demanda, se sostiene que hay títulos de propiedad que se remontan al siglo XVIII que, supuestamente, acreditan a Córdoba como heredera de esas tierras. Esto, a su vez, es rechazado por las autoridades provinciales. (Ver LA GACETA, 14/08/07)
“Terraf y Díaz Ricci violaron disposiciones de la Constitución provincial y de la Ley de Administración Financiera respecto de la cuestión dominial de Lomas de Tafí. Tienen la obligación de velar por la legalidad de los actos públicos, pero no lo hicieron en 2000, cuando el Estado efectuó indebidamente la compra de las tierras; ni en 2006, cuando denunciamos esta situación ante el mismísimo Tribunal de Cuentas, ni este año, cuando salió a la luz el juicio contra el Gobierno”, acusó Pabón.
El letrado sostiene que los miembros del ente de contralor incurrieron en presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber autorizado el emprendimiento Lomas de Tafí. Pabón, precisamente, patrocina a Olga del Valle Córdoba en un juicio de $ 327,2 millones en contra del Estado, en el cual, además, se exige la restitución a la demandante de las tierras donde se encaró la construcción de las 3.000 viviendas.
En esa demanda, se sostiene que hay títulos de propiedad que se remontan al siglo XVIII que, supuestamente, acreditan a Córdoba como heredera de esas tierras. Esto, a su vez, es rechazado por las autoridades provinciales. (Ver LA GACETA, 14/08/07)
“Terraf y Díaz Ricci violaron disposiciones de la Constitución provincial y de la Ley de Administración Financiera respecto de la cuestión dominial de Lomas de Tafí. Tienen la obligación de velar por la legalidad de los actos públicos, pero no lo hicieron en 2000, cuando el Estado efectuó indebidamente la compra de las tierras; ni en 2006, cuando denunciamos esta situación ante el mismísimo Tribunal de Cuentas, ni este año, cuando salió a la luz el juicio contra el Gobierno”, acusó Pabón.
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