Buscan que sea imprescriptible el crimen de Viola

“Hiere la conciencia de la humanidad que hayan quedado libres quienes, convertidos por Ernesto Guevara en efectivas, violentas, selectivas y frías máquinas de matar, arrancaron la vida de mi marido y la de mi hija”. Con estas palabras, resaltadas con negritas, María Cristina Picón, viuda del capitán Humberto Viola, remató el escrito que presentó ante el Juzgado Federal Nº 1, que Daniel Bejas encabeza en el carácter de subrogante. La mujer solicitó que el atentado, ocurrido en 1974, en el que murieron su esposo y su hija María Cristina, de tres años, sea revisado y recalificado como de lesa humanidad. 
La presentación busca que el delito, por el cual en 1979 fueron condenados a reclusión perpetua cuatro integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sea declarado imprescriptible, para que quienes posteriormente recuperaron su libertad (no los menciona) sean nuevamente encarcelados. A fines de los años 80 y tras la vuelta de la democracia, había generado una áspera polémica la libertad condicional concedida a dos de los sentenciados: Francisco Carrizo y Fermín Núñez.
En el escrito presentado con el patrocinio del abogado Carlos Picón, la mujer subrayó: “toda ley o decreto que hubiera permitido la recuperación anticipada de la libertad (de los condenados) devendría inconstitucional por resultar violatorio del derecho de gentes, que imposibilita amnistiar, indultar o conmutar total o parcialmente las penas de delitos de esta índole”.

Un precedente de valor
Con el fin de justificar su pedido, la familia Picón invocó las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2001, como consecuencia de la famosa matanza de Barrios Altos, en Perú.
“El presente caso es, fundamentalmente, un caso gravísimo y tristísimo de ejecuciones cometidas por agentes del gobierno peruano, que actuaron en forma clandestina e ilegal. Pero es también sobre la imposición de mecanismos legislativos y judiciales para impedir el conocimiento de los hechos y para impedir la sanción de los responsables. Lo que hay que hacer es remover esos obstáculos para que las víctimas tengan acceso a la verdad y a la justicia, y para que dispongan de recursos para hacer valer sus derechos”, sostiene el párrafo de la sentencia citada.