El ex intendente de Concepción Octavio Muedra deberá asistir como oyente a los cursos sobre "Maestría Interdisciplinaria en Gestión Ambiental", que se dictan en el Instituto Miguel Lillo de la UNT, por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. La Justicia lo halló culpable de contaminar el medio ambiente por negligencia, durante su gestión como jefe municipal.
En enero de 2000 se constató la presencia de residuos patológicos en un basural a cielo abierto a orillas del río Gastona, donde Muedra dispuso que se arrojaran los residuos provenientes de la recolección diaria de basura, sin que en el lugar se observaran normas de tratamiento sobre la disposición final.
La semana pasada se asignó un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario público por igual término y ayer se conocieron los alcances de la condena al ex jefe municipal.
Medidas razonables
Ahora, además de concurrir al dictado de clases, deberá realizar trabajos no remunerados en el hospital de Concepción, consistentes en labores administrativas en el área de los residuos patológicos. Tendrá que concurrir un domingo de cada mes, de 16 a 20, durante dos años. Las reglas de conducta se cumplirán bajo el control del juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
El tribunal consideró "razonables" estas medidas por entender que son adecuadas para la prevención de nuevos delitos relacionados con el medio ambiente.
Apelación
Cuando se conoció la decisión judicial, Muedra manifestó que estaba conforme, pero también adelantó que apelará la medida judicial. La satisfacción del ex funcionario se debe a que el fiscal federal subrogante, Alberto García Biagosch, había solicitado cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa, cuya elevación a juicio había sido solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer, se remonta a principios de 2000 y tiene origen en una publicación de LA GACETA, que dio cuenta del basural en Concepción, en el que se mezclaban restos patógenos con residuos domiciliarios.
La Justicia Federal actuó de oficio y requirió a la Policía Ecológica y a la Dirección de Medio Ambiente que inspeccionaran el predio. Allí se constató que personal municipal arrojaba basura sin tratamiento, proveniente del Hospital Regional de Concepción. Los residuos peligrosos (guantes quirúrgicos, gasas con sangre, jeringas descartables y bolsas de suero, por ejemplo) eran transportados en los camiones de recolección dispuestos por el municipio.
En enero de 2000 se constató la presencia de residuos patológicos en un basural a cielo abierto a orillas del río Gastona, donde Muedra dispuso que se arrojaran los residuos provenientes de la recolección diaria de basura, sin que en el lugar se observaran normas de tratamiento sobre la disposición final.
La semana pasada se asignó un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario público por igual término y ayer se conocieron los alcances de la condena al ex jefe municipal.
Medidas razonables
Ahora, además de concurrir al dictado de clases, deberá realizar trabajos no remunerados en el hospital de Concepción, consistentes en labores administrativas en el área de los residuos patológicos. Tendrá que concurrir un domingo de cada mes, de 16 a 20, durante dos años. Las reglas de conducta se cumplirán bajo el control del juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
El tribunal consideró "razonables" estas medidas por entender que son adecuadas para la prevención de nuevos delitos relacionados con el medio ambiente.
Apelación
Cuando se conoció la decisión judicial, Muedra manifestó que estaba conforme, pero también adelantó que apelará la medida judicial. La satisfacción del ex funcionario se debe a que el fiscal federal subrogante, Alberto García Biagosch, había solicitado cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa, cuya elevación a juicio había sido solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer, se remonta a principios de 2000 y tiene origen en una publicación de LA GACETA, que dio cuenta del basural en Concepción, en el que se mezclaban restos patógenos con residuos domiciliarios.
La Justicia Federal actuó de oficio y requirió a la Policía Ecológica y a la Dirección de Medio Ambiente que inspeccionaran el predio. Allí se constató que personal municipal arrojaba basura sin tratamiento, proveniente del Hospital Regional de Concepción. Los residuos peligrosos (guantes quirúrgicos, gasas con sangre, jeringas descartables y bolsas de suero, por ejemplo) eran transportados en los camiones de recolección dispuestos por el municipio.
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