Reincidencias del modelo corporativo

El rasgo corporativo es un dato muy referencial que de tiempo en tiempo se manifiesta en la política argentina y mediante el cual se pretenden establecer políticas de largo plazo que, a pesar de tratarse de gobiernos con origen democrático, soslayan o se superponen al rol de la representación republicana del Congreso. Todo indica que de nuevo la experiencia habrá de repetirse, de acuerdo con uno de los limitados anuncios concretos que la presidenta electa ha formulado con anterioridad y después de las urnas al comprometerse para la conformación de un pacto o concertación social con la participación organizaciones sindicales y empresarias. Lo que se ha podido establecer es que no se trataría de una gran paritaria, si bien ambos sectores lo están viendo como tal. No obstante, alrededor de la futura presidenta se ha definido esta estrategia “como una herramienta para planificar al país a largo plazo” mediante el debate de los sectores sociales convocados. Es evidente que cualquiera que sea la integración de ese consejo y pacto consecuente, el interrogante inmediato apunta a la postergación del Congreso, integrado por los representantes directos de la ciudadanía y a los que la Constitución confiere la función de legislar y controlar a los demás poderes.
Las experiencias históricas más significativas de pactos o concertaciones sociales en el país con sistemas corporativos se produjeron durante la gestión del peronismo histórico y dos décadas después en la corta presidencia de Juan Domingo Perón. Ambas duraron poco tiempo por sus incumplimientos, y dieron lugar a procesos de inflación que, como el rodrigazo, provocaron situaciones más graves que las que les habían dado origen. El actual proyecto apenas parece esbozado, pero debe partirse del principio según el cual cuantos más sectores de la actividad privada participen del mismo con el Gobierno, el modelo corporativo será más influyente sobre el sistema representativo republicano. Por otra parte, el fraccionamiento creciente que se observa desde hace años en las organizaciones sindicales y empresarias que deberían ser el núcleo de un pacto social, no parece consolidar con éxito una estrategia política como la esbozada.
 No se comprende por lo demás la construcción de un proyecto de esa naturaleza cuando el futuro gobierno federal iniciará su gestión disponiendo de mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso, y sin señales de hacer abandono de las facultades y superpoderes mediante la herramienta intemporal de la ley de emergencia. La crisis sindical no solo deviene del monopolio oficialista de la personería gremial, sino de las divisiones internas que exhibe la CGT.
Por su parte, el sector empresarial padece divisiones tácticas y estratégicas que acaban de advertirse en los comportamientos del reciente coloquio de IDEA; especialmente entre quienes responden con  temor a presiones del poder político y los que proponen fundamentalmente transparencia institucional en la gestión pública. Entre ambos protagonistas de una eventual concertación social la concepción del titular de la CGT parece levantar una barrera decisiva: “La seguridad jurídica es otro mito de la patria financiera”.
Seguramente que la realidad descripta no contribuye a consolidar una imagen de confianza sobre el horizonte gubernamental que hoy se observa y que tras los ambiguos mensajes de gestión y el desconocimiento de quienes serán sus responsables, el modelo corporativo insinúa otra experiencia frustrada, cuando no institucionalmente peligrosa.