Soluciones estructurales para el Poder Judicial

El sistema republicano, consagrado como forma de gobierno para nuestro país por la Constitución Nacional, se funda en la división de los Poderes. Del buen funcionamiento del Ejecutivo, del Legislativo y de la Justicia, y de la independencia de cada uno de ellos depende en gran medida la calidad de la democracia en que vive la comunidad.
   “La Justicia lenta no es justicia” reza el dicho popular y de esa manera pone de manifiesto los perjuicios que provoca una estructura sobrepasada en sus posibilidades de dar respuesta al creciente número de casos en los que debe intervenir. La sociedad observa con especial preocupación los problemas que le restan eficiencia a la estructura de la administración de Justicia.  Si bien es cierto que en los últimos años se han dado algunos pasos acertados con la intención de agilizar el trabajo en los distintos juzgados -como el de incorporar herramientas para permitir la informatización de los procesos, o el incremento del número de empleados en ciertas áreas del personal-, no lo es menos el hecho de que el verdadero cuello de botella se produce porque el número de jueces resulta exiguo.Este no se ha incrementado en la proporción en la que lo ha hecho la cantidad de causas en las que deben fallar.
   El caso del fuero de Familia y Sucesiones es dramáticamente ilustrativo. En su edición del pasado miércoles nuestro diario reflejó la preocupación de un grupo de magistrados que plantearon a tres legisladores provinciales la urgente necesidad duplicar el número de juzgados de primera instancia en la capital de la provincia; los jueces fundaron su pedido en la imposibilidad de atender en los siete juzgados que actualmente funcionan los más de 1.000 expedientes nuevos que ingresan cada año.
   Ha pasado más de una década desde que se crearon juzgados en este fuero; el incremento de causas que se proyecta para los próximos 10 años indica claramente que, si no se adoptan rápidamente las medidas correspondientes, las dificultades en el acceso a la Justicia llevarán fatalmente a la denegación de justicia, según la opinión de los propios magistrados.
   Es particularmente preocupante la realidad que viven quienes tramitan las causas que tienen que ver con las condiciones de vida de la infancia y con la violencia familiar. Debe recordarse que en el juzgado correspondiente recaen también todos los expedientes vinculados con las personas con problemas mentales, ya que estas están equiparadas con los menores a los efectos legales.
   En su entrevista con los legisladores, los magistrados solicitaron la creación de un gabinete psico-social especializado en cuestiones atinentes al Derecho de Familia y dos Defensorías de Menores en lo Penal. Los jueces destacaron que los cambios que se requieren son de carácter estructural y que, por lo tanto, sólo pueden concretarse a través de la acción del Poder Legislativo.
   El aumento del número de juzgados parece ser la única posibilidad de agilizar la respuesta de la Justicia a centenares de casos de extrema sensibilidad que actualmente se tramitan con una lentitud alarmante. Quienes tienen la competencia para dar solución a este problema deben dedicar con urgencia sus esfuerzos a la tarea de encontrar las respuestas que llevarán tranquilidad a vastos sectores de la sociedad.
   El Poder Judicial no puede funcionar adecuadamente si dispone de una infraestructura inadecuada y mezquina. Se trata nada menos que de uno de los pilares del sistema de gobierno dispuesto constitucionalmente para el país y para la provincia.