Lo que los agricultores esperan de Alperovich

El miércoles pasado, cuando se anunciaron los incrementos de las retenciones a las exportaciones de granos, harinas y aceites, los productores tucumanos estallaron de rabia, en consonancia con reacciones similares que se registraron en todo el país. Pero no fueron sorprendidos porque desde hacía varias semanas se sabía que esta decisión estaba tomada, a partir de “trascendidos” filtrados a propósito desde el Ministerio de Economía de la Nación -antes de las elecciones generales del 28 de octubre-, para ir preparando el terreno. Apenas confirmada la información, los empresarios del campo tucumano se formularon la pregunta del millón: frente a una decisión del Estado nacional, que afecta más a los productores de granos de la alejada región NOA que a aquellos que producen en las zonas centrales del país, ¿cuál será la posición del Gobierno tucumano? La mayoría aventuró que las autoridades provinciales no dudarían en ponerse del lado de la Nación, y acertaron en este pronóstico. Si bien -de movida- el gobernador José Alperovich sentenció que “el rico siempre se queja”, en relación con las críticas contra la suba de las retenciones, los hombres de campo confían en que el mandatario tucumano pueda mostrar algo de voluntad para acompañar gestiones, aparentemente estancadas, tendientes a que se equilibre el desfase de costos que se registra en el NOA respecto del área núcleo de granos del país.
No empezará con el pie derecho la gestión de Cristina Kirchner, particularmente con el campo, el sector que más recursos aportó en los últimos años a la economía nacional. La puesta en marcha del esquema dejó en claro que el diálogo no parece ser una prioridad entre las autoridades que asumirán el 10 de diciembre -pese a las recientes declamaciones oficialistas a favor de esta práctica-, ya que la medida se decidió en forma unilateral e inconsulta.
Ante el hecho consumado, se reavivó el debate entre el Gobierno nacional, que en enero ya había subido las retenciones, y el campo, que se siente nuevamente vulnerado por una administración que -a entender de los productores- insiste en recaudar más a costa de un castigo permanente a la eficiencia. En el marco de este contrapunto, la Nación se encargó de que esta vez la medida no sea interpretada por la comunidad como una decisión fiscalista para compensar un exceso del gasto público -como denuncia el agro-, en un año electoral que fue intenso, ni como una intención de crear un colchón de $ 5.000 millones de recursos extras y no coparticipables en 2008, para que la futura gestión presidencial tenga amplio margen de maniobra cuando tenga que dar sus primeros pasos. El argumento esgrimido fue bastante efectista y apuntó a calar hondo en un tema especialmente sensible para los argentinos, como es el incremento en el costo de vida. Concretamente, la suba apuntaría a evitar que el constante incremento en los precios externos de las materias primas, que alcanzan niveles históricos, no impacte en los valores internos de los alimentos.
¿Es cuestionable un avance del Estado nacional para buscar un equilibrio en la distribución de la renta en la Argentina? Sin dudas, nadie podría objetar esto, y menos si las medidas vinieran acompañadas por una fuerte reducción del gasto público, que todavía no se anunció ni a través de los mencionados “trascendidos” que utiliza el Gobierno nacional.
En el sector del agro intentan justificar que el incremento en sus costos productivos son demasiado elevados, y que la actividad granaria no puede seguir subsidiando a sectores ineficientes. Para muchos analistas esta postura es discutible, especialmente porque el sector es ampliamente beneficiado por la política monetaria nacional, que sostiene un dólar a tres pesos.
¿Qué esperan los productores de granos de las autoridades de la provincia? Sin esperanzas de que Alperovich se oponga a cualquier decisión que emane del Gobierno nacional, se ilusionan, al menos, con que el gobernador y los parlamentarios nacionales del NOA reactiven el proyecto que apunta a compensar a los productores de la región en el costo del flete. Del mandatario tucumano pretenden que utilice su promocionada amistad y vinculaciones con las máximas autoridades nacionales para desempolvar la iniciativa, que duerme en oficinas de la Secretaría de Agricultura de la Nación. De los parlamentarios, esperan que cumplan el compromiso que unos pocos de ellos formularon en Tucumán, en abril de este año, de impulsar una ley que corrija las asimetrías que perjudican al agro de la región.