Alperovich quiere que lo autoricen a intervenir comunas que adeuden balances

El reiterado incumplimiento de distintas comunas rurales a su obligación de elevar balances bimestrales al Poder Ejecutivo podrá ser castigado. Mañana ingresará a la Legislatura un decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador José Alperovich y sus ministros, en el que se considera causal de intervención a esas estructuras de Gobierno la mora en remitir los informes del manejo administrativo de los fondos públicos.
La norma es una modificación de la Ley 7.350, que establece los deberes de los comisionados rurales. "La falta de cumplimiento de la obligación de elevar el balance de ingresos y egresos durante tres períodos, sean consecutivos o alternados durante el ejercicio del mandato del funcionario, podrá ser considerada falta grave comprendida dentro de los supuestos de intervención", se establece en el texto. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a la fecha de asunción de los actuales responsables comunales, concretada el pasado martes, aunque ellos hayan sido reelectos y adeuden rendiciones de su primera gestión.
Este gesto fue entendido como una ratificación a lo anunciado el miércoles pasado por el flamante ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, que advirtió que todas las administraciones deben ponerse al día con sus obligaciones legales. Este hecho marcaría un punto de diferenciación con la gestión de quien lo precedió en el área, el ex secretario de Coordinación con Municipios y Comunas y actual presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, durante cuya gestión hubo numerosos problemas en esta materia.
El DNU deberá ser analizado por la Legislatura, que tiene un plazo de 20 días hábiles para pronunciarse, formalmente y en el recinto, a favor o en contra. Si guarda silencio y no emite opinión, se lo considera ratificado de modo ficto.
Según lo publicado en la página del Gobierno en internet, 42 comunas (el 45,5% del total) adeudan rendiciones de cuentas de este año. De ellas, 16 no presentaron ningún balance en lo que va de 2007. En los considerandos del DNU, Alperovich reconoce que la situación irregular es preocupante.
"Impide o, cuanto menos, demora la oportunia fiscalización vulnerando principios de transparencia y orden administrativo. En definitiva, de ética pública. El compromiso asumido por este Gobierno con la ciudadanía es asegurar la plena vigencia de estos principios, para lo cual se hace necesario contra con las facultades pertinentes a fin de corregir los desvíos", se planteó en la fundamentación de la norma. Asimismo, se reconoció expresamente que este asunto amerita el dictado de una ley, pero se reivindicó el uso del DNU.