Un faltante de $ 3 millones en la Dirección Provincial de Vialidad, detectado a partir de una auditoría, abrió una seguidilla de enfrentamientos dentro y fuera del sindicato vial. Hubo tantas divergencias que, incluso, el 19 de septiembre se produjo un enfrentamiento con armas de fuego en los alrededores de la sede gremial.
El contador Oscar Fiorito, actual tesorero de la Legislatura, había sido el encargado de desarrollar la investigación en mayo. LA GACETA accedió a los documentos finales de ese rastreo en el que se detallaron las supuestas anomalías que llegaron a la Justicia.
La investigación comprendió al período que va desde enero de 2003 a octubre de 2006. El anexo II de la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Economía precisó que en 2003 debían pagarse $ 1 millón, pero se pagaron $ 2 millones. En 2004, correspondía un total de $ 910.000, pero se abonó $ 1,8 millón. En 2005, la cifra total era de $ 752.000, pero se pagó $ 1,5 millón, y en 2006, debían retribuirse $ 1,3 millón, pero se pagó un total de $ 1,7 millón.
La diferencia, entre los pagos al sindicato y a la mutual (vial) fue superior a $ 3 millones. La investigación de los auditores estableció las irregularidades en cuatro cuentas bancarias que comprendían a la recepción de fondos provinciales para obras, de fondos nacionales de coparticipación federal para combustibles, de la ley de emergencia vial y de fondos de garantías de licitaciones.
Las maniobras
Tras evaluar esa documentación, el titular de Asesoría Jurídica Mario Daniel Pacios aconsejó al administrador de Vialidad, Raúl Alberto Basilio, que instruyera un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, que resguardara la documentación en caja fuerte y que correspondería denunciar el caso en la Justicia provincial. Así lo hizo Basilio.
La maniobra habría consistido en el giro a las cuentas gremiales y mutuales de retenciones o, especialmente, anticipos de cuotas sociales, incluso sobre compras particulares realizadas a comercios y diversos aportes. “Como resultado de las tareas se pudo apreciar que los montos que se pagaron en concepto de retensiones al Sindicato y a la Asociación Mutual del Personal de Vialidad superan ampliamente los importes devengados mensual y anualmente”, afirmó Fiorito en las conclusiones de la auditoría.
El contador alertó sobre los excesos de facultades legales para ese fin. “Se estaría en presencia de un financiamiento con fondos públicos; que demuestra un exceso en el uso de las facultades conferidas como administradores de la repartición que perjudican directamente a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Provincia”, agregó.
El contador Oscar Fiorito, actual tesorero de la Legislatura, había sido el encargado de desarrollar la investigación en mayo. LA GACETA accedió a los documentos finales de ese rastreo en el que se detallaron las supuestas anomalías que llegaron a la Justicia.
La investigación comprendió al período que va desde enero de 2003 a octubre de 2006. El anexo II de la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Economía precisó que en 2003 debían pagarse $ 1 millón, pero se pagaron $ 2 millones. En 2004, correspondía un total de $ 910.000, pero se abonó $ 1,8 millón. En 2005, la cifra total era de $ 752.000, pero se pagó $ 1,5 millón, y en 2006, debían retribuirse $ 1,3 millón, pero se pagó un total de $ 1,7 millón.
La diferencia, entre los pagos al sindicato y a la mutual (vial) fue superior a $ 3 millones. La investigación de los auditores estableció las irregularidades en cuatro cuentas bancarias que comprendían a la recepción de fondos provinciales para obras, de fondos nacionales de coparticipación federal para combustibles, de la ley de emergencia vial y de fondos de garantías de licitaciones.
Las maniobras
Tras evaluar esa documentación, el titular de Asesoría Jurídica Mario Daniel Pacios aconsejó al administrador de Vialidad, Raúl Alberto Basilio, que instruyera un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, que resguardara la documentación en caja fuerte y que correspondería denunciar el caso en la Justicia provincial. Así lo hizo Basilio.
La maniobra habría consistido en el giro a las cuentas gremiales y mutuales de retenciones o, especialmente, anticipos de cuotas sociales, incluso sobre compras particulares realizadas a comercios y diversos aportes. “Como resultado de las tareas se pudo apreciar que los montos que se pagaron en concepto de retensiones al Sindicato y a la Asociación Mutual del Personal de Vialidad superan ampliamente los importes devengados mensual y anualmente”, afirmó Fiorito en las conclusiones de la auditoría.
El contador alertó sobre los excesos de facultades legales para ese fin. “Se estaría en presencia de un financiamiento con fondos públicos; que demuestra un exceso en el uso de las facultades conferidas como administradores de la repartición que perjudican directamente a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Provincia”, agregó.
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