"El Estado no debe confundirse con el Gobierno"

Sin dudar, el ex magistrado Jorge Bermúdez afirmó ayer a LA GACETA: "en la Argentina todavía nos queda mucho camino por recorrer para comprender que el bien común no es el bien de la dirigencia política ni de un partido, ni tampoco que el Estado debe confundirse con el Gobierno. Los jueces desarrollan una función de sentido de justicia para el Estado y para el bien social, no necesariamente para acompañar las políticas de turno".
Hasta 2005 integró la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Por eso, conoce las complejidades que atraviesan las relaciones entre los poderes políticos y el Judicial. "Es importante, a veces, que los jueces comprendan los fines perseguidos (con determinadas políticas) y que no se pongan en constante oposición. Pero eso no puede ir en desmedro de su función primordial: ser los custodios del Derecho aplicable, de la Constitución nacional y de las leyes que rigen en el país", recalcó.
Cuando se le preguntó por qué a ciertos políticos les obsesionaba la designación de jueces y todo lo que implica, Bermúdez sonrió y luego anticipó que iba a citar a viejos autores de las Ciencias Políticas. "Hay una realidad muy dura: el poder no se comparte. Por ello, los teóricos del Derecho Político, en particular los de la época del nacimiento de la república, como Monstequieu, proponían un equilibrio entre las distintas funciones u órganos de poder, para que cada uno pudiera contrapesar al otro. Esto suponía control, vigilancia e institucionalidad, para garantía de los derechos individuales, e incluso del propio sistema político. Lamentablemente, esta visión no es tenida en cuenta por nuestros dirigentes políticos", manifestó.

Discurso en retroceso
El profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Belgrano (en la Nacional de Buenos Aires dicta cursos de posgrado) disertó durante el fin de semana en esta capital, en un seminario organizado por la filial de la asociación argentina de la especialidad.
A Bermúdez lo complace que ya no impere el discurso ultraliberal -así lo definió- que reinaba en los años 90. "Este ha fracasado en el sentido de que, pese a los éxitos económicos que puede exhibir en el intercambio de bienes y productos, no se puede dejar de lado la evolución de la sociedad, en la que se advierte opulencia y bolsones de pobreza o de inequidad. Eso no es desarrollo".
Autor del libro "Derecho Procesal del Trabajo", el ex juez se pronuncia con elocuencia y determinación. "Ahora, con la tentativa generalizada por medio de la prédica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a favor de un trabajo decente, se aspira a lograr situaciones de equidad plena. Es doloroso que, en las postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI, tengamos que repetir el mismo discurso del siglo XIX", se quejó.
¿Qué se entiende por trabajo decente? Antes de responder a este interrogante, Bermúdez explicó que el reconocimiento de los derechos sociales integra el capítulo de los derechos humanos. Luego, precisó: "el contrato de trabajo tiene por objeto algo que no es una mercancía. En él están de por medio las horas de vida de un ser humano que lucha por subsistir por medio de sus labores entregándolas a otro, que obtiene con ello un beneficio o, aunque las realicen entidades que no lucran, están destinadas a un servicio social".

Aciertos y desafíos
Bermúdez no escatimó elogios para la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su actual composición. "El pensamiento del tribunal ha reinstalado la idea de la justicia social, no entendida declamatoriamente, sino como la respuesta de dar a cada uno lo suyo en un ámbito de dignidad del hombre. Hay un retorno a aquellos buenos principios de otras integraciones de la Corte, que valoraban que la piedra angular de una sociedad sea la Constitución", subrayó.
En el plano operativo, la principal preocupación de la Corte Suprema, según el ex magistrado, es optimizar el servicio de Justicia. "Los problemas de su desenvolvimiento no derivan las más de las veces de una falta de adecuación normativa, sino que, para que una persona obtenga el reconocimiento de su derecho, debe recorrer en los Tribunales un camino tortuoso, largo e incierto. Un servicio lento e insatisfactorio no da respuesta al objetivo que debe cumplir", advirtió.
A modo de conclusión, Bermúdez insistió: "la Justicia no es una mera función pública, es una vocación y un servicio. La Corte quiere cambiar ciertas actitudes que muchas veces se han tolerado en torno de una Justicia totalmente desdibujada y desarticulada de los problemas reales".