Exigen que la Cámara controle el gasto público del PE de 2005

Todo comenzó hace exactamente un año, cuando -en noviembre de 2006- el Tribunal de Cuentas emitió un duro informe sobre la cuenta de inversión 2005 que presentó el Poder Ejecutivo provincial. "Hallan desajustes en las cuentas públicas de 2005", fue el título de LA GACETA sobre la documentación presentada por el órgano de control.
La acordada 2.751, refrendada en aquel momento por Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci, aconsejaba al Gobierno realizar un relevamiento exhaustivo de las deudas contraídas con organismos financieros nacionales o extranjeros, así como de las garantías asumidas por la Provincia, "con el propósito de elaborar un inventario que refleje la real situación financiera y patrimonial".
Ese pronunciamiento del TC sugirió, complementariamente, "el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en cuanto al otorgamiento de Anticipos Financieros Reintegrables y su reintegro en los plazos establecidos".
Las divergencias se acentuaron a partir de las tensas relaciones políticas entre el alperovichismo y el jurismo, ya que ambos sectores se preparaban para la elección interna del PJ.
Además, en una entrevista con LA GACETA (15 de noviembre de 2006), el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Angel Terraf había expresado sus inquietudes sobre el caso. "Nos preocupan varias cosas, como la forma de exposición de los cuadros presupuestarios. Todas las observaciones que efectuamos contienen elementos preocupantes", dijo.
En diciembre de 2006, el entonces vicegobernador, Fernando Juri, firmó un decreto interno, por el cual se creó la comisión de seguimiento, integrada con una amplia mayoría de representantes del jurismo y de la oposición.
En ese documento también estableció que comenzaría a funcionar a partir del 1de enero de 2007. Sin embargo, pasó esa fecha sin que ese instrumento fuese puesto a consideración de los legisladores en el recinto, hasta que la interna del PJ llegó a su máximo grado de ebullición.
Así fue como pasaron tres meses hasta que en una convulsionada sesión realizada el 13 de marzo de este año, el jurismo arremetió contra la idea de investigar al Gobierno sobre el manejo de los fondos públicos.
Aquella resolución generó -en ese momento- la reacción de los legisladores aliados del gobernador, José Alperovich. "Tengo la presunción de que hay intencionalidades políticas y finalidades raras con fines electorales", había señalado Sisto Terán en el recinto en referencia la proximidad de las internas partidarias del 1 de abril.

Repercusiones
Ahora, la decisión del actual vicegobernador, Juan Manzur, de disolver la comisión especial que había sido creada por Juri reactivó la controversia. "Es una señal de obediencia debida al Poder Ejecutivo", afirmó ayer el ex legislador, Alejandro Sangenis. "Es un retroceso en la transparencia y en la división de poderes. Si esto sigue así, Manzur le pedirá permiso a Alperovich hasta para tocar la campana del recinto de sesiones", insistió.
Por su parte, el reelecto legislador, Jorge Mendía (Participación Cívica) defendió el control. "Es lógico que se desarme la comisión, porque había nacido dentro de la interna que enfrentó a Juri con Alperovich. Pero debe pensarse en un mecanismo de control de las inversiones, ya sea para ratificar o rectificar rumbos, como un aconsejamiento de la Legislatura", resaltó.