El adagio se cumple: alguien tiene que pagar

El Gobierno nacional apeló a las reglas básicas de la economía. El “alguien tiene que perder o pagar” parece ser la política predominante para esta transición en la que, a juzgar por las medidas que se toman, Néstor Kirchner intentará dejar allanado lo mejor posible el rumbo económico del gobierno que legará a su esposa, Cristina Fernández, el 10 de diciembre próximo. Todas estas situaciones fiscales se replican en las provincias que, como Tucumán, avanzan con una mayor presión tributaria hacia la sociedad.
Más allá de las reacciones sectoriales, cuesta creer que el propio gobernador, José Alperovich, esté más preocupado por justificar disposiciones que afectarán al conjunto de la sociedad antes que por reclamarle al Gobierno nacional la porción de un ingreso extraordinario que el fisco les cobra a las economías regionales y que no se redistribuye.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno nacional es que el incremento de las retenciones permitirá controlar los precios domésticos (los que el ama de casa observa todos los días al hacer las compras) y que la medida se adoptó con el fin de proteger a los sectores más pobres de la sociedad. Tal vez hubiera sido saludable que algún gobernador le hubiera sugerido a la Casa Rosada coparticipar los $ 15.626 millones recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Así, ese dinero podría contribuir a la redistribución de la riqueza (fiscal), para que los argentinos del interior también fueran partícipes de los beneficios del crecimiento económico.

Sólo palabras
Si lo recaudado por los derechos de exportación durante los primeros 10 meses del año se coparticiparan directamente a las provincias, a Tucumán le correspondería no menos de $ 300 millones, un tercio de lo que destinará la reelecta gestión alperovichista para ejecutar obras públicas durante 2008. Pero esto es sólo en el terreno de las suposiciones y de las buenas intenciones. La realidad indica que el 100% de lo que se cobra por los derechos de importación y de exportación, establecidos por el Código Aduanero, por el decreto 2.275/94 y por la resolución del Ministerio de Economía  11/2002 y sus modificatorias, van directamente al Tesoro Nacional, sin asignaciones específicas.

Emergencia permanente
El fin que persigue el Gobierno nacional es, a las claras, recaudatorio, para cubrir el bache fiscal que se abriría por el exponencial crecimiento del gasto público y la distribución de dinero electoral en lo que va del año. Sin las retenciones y sin lo que se recauda por el impuesto sobre los créditos y los débitos en las cuentas bancarias, el Gobierno nacional ingresaría en el terreno del déficit fiscal.
Lo percibido por este último impuesto tampoco se coparticipa proporcionalmente a las provincias. Según un informe del propio Ministerio de Economía de la Nación, el 70% de lo recaudado (entre enero y octubre fue de $ 12.152 millones) se destina al Tesoro Nacional y lo administra el Poder Ejecutivo con destino a la atención de los gastos que ocasione la Emergencia Pública declarada por Ley 25.561. El 30% restante se coparticipa, según la Ley de Coparticipación Federal, en la que la Nación tampoco está exenta de ser favorecida en ese esquema de reparto de los fondos federales.
Es casi seguro que el Gobierno insista en la vigencia de la emergencia económica y, por ende, sostendrá el esquema fiscal con la continuidad de los impuestos al Cheque y el adicional de emergencia sobre los cigarrillos que redundará en una mayor presión tributaria. Esto no resulta alentador para promover la atracción de nuevos capitales y la radicación de nuevas industrias. Si hay que hacer esfuerzos, el Estado debería predicar con el ejemplo. Hasta ahora, no dio señales sobre cómo bajará el gasto público que dio origen al aumento impositivo.