El degradado modelo representativo

La Argentina y Brasil son los países latinoamericanos con más elevados testimonios de transfuguismo entre los políticos representativos, pero en los recientes años el nuestro habría tomado la punta por la ostensible despreocupación y el descaro con que esas conductas se consuman. El epígono en nuestro caso fue en las últimas elecciones. Eduardo Lorenzo “Borocotó”, quien, tras ser elegido como candidato de un partido de la oposición, antes de asumir hizo pública su adhesión al oficialismo, dando lugar al eufemismo “borocotización”, con el que se definen conductas muy frecuentes en la Nación y en las provincias. La crisis de los partidos argentinos ha sido un factor estimulante de ese fenómeno degradante de la política como gestión de intereses de los sectores ciudadanos y en ello han tenido un rol muy extremado los propios poderes de control que, deliberadamente o no, dejan de actuar de acuerdo con la normativa institucional. En el caso de Brasil, la situación parece estar llegando a un punto final, donde la infidelidad partidaria en el desempeño de funciones representativas ha tenido sanción del Senado, después de que el Tribunal Superior Electoral dictó un fallo que obliga a todos los políticos electos para cargos de representación popular a mantenerse leales a los partidos que los postularon. La decisión fue refrendada por la Corte Suprema brasileña, fundada en que “la soberanía del voto popular es ejercida para sufragar candidatos partidarios, no individuales”. Aún falta la decisión de la Cámara de Diputados, cuyo debate puede demorar la culminación del proyecto hasta el año próximo.
   Cuando se produjo el escandaloso caso de Eduardo Lorenzo “Borocotó”, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados argentina trató y votó el rechazo de los diplomas de otros dos diputados opositores electos, pero ignoró absolutamente el de aquel, que fue aceptado por quienes en número considerable habían practicado actos de transfuguismo que aparecen en gran cantidad de antecedentes curriculares de legisladores, de intendentes y hasta de gobernadores. Otro epígono, aunque muy diferente del caso de “Borocotó”, pero similar en cuanto al criterio sobre el carácter representativo de las investiduras electivas, es el del titular del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, quien a poco de asumir su cargo afirmó: “El Senado va a seguir siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera”. Ya no es la tradicional discusión sobre la pertenencia de las bancas, ni de los representados o del partido, sino la identidad extremada con los gobiernos de turno que merma o diluye la facultad de control parlamentario sobre los demás poderes.
   Otra modalidad que desprecia los valores moral y ético de la representación popular es la frecuente interrupción de mandatos para aceptar otros cargos o bancas en distinta Cámara o funciones. Al presente, dos de los candidatos presidenciales se hallan en esa situación, o bien con antecedentes de haber cambiado de distrito representado antes del vencimiento de mandato, o por aspirar a las máximas funciones republicanas siendo gobernador electo. Son numerosos y crecientes los testimonios de ese menosprecio de la representatividad ciudadana en la que se basa la democracia republicana y pluralista. Y es igualmente reprobable el orden de prioridad de las lealtades por la que transcurre nuestra política, cuyo saneamiento es el requerimiento más fundado de una sociedad que enfrenta el riesgo de cansarse.