Negativa herencia del Pacto de Olivos

Muy de tarde en tarde, el Pacto de Olivos aparece en el debate histórico como la raíz de un proceso que, en las antípodas del tan invocado pacto español de La Moncloa, ha dejado en nuestro país las consecuencias de un error cuyo efecto mayor es el fuerte centralismo que conspira contra el régimen federal. En aquella negociación se acordó, entre otras reformas de la Constitución histórica, el abandono del sistema indirecto de elección presidencial mediante una junta de electores, implantándose el directo con un distrito único, para presidente y vicepresidente, con lo cual el de la provincia de Buenos Aires ejercería una gravitación decisiva en el resultado nacional. A ello se agregó una modalidad de ballottage, que disminuye a bastante menos del 50 % la necesidad del primer resultado universalmente exigido por ese sistema. La mera lectura de los artículos 81 al  85 de la Carta Magna histórica, extraordinariamente casuísticos y según los cuales la ciudadanía elegía representantes para la junta de electores, evidencia cuán preocupados estuvieron aquellos constituyentes por asegurar el modelo federalista mediante una equitativa gravitación de todas las provincias. El texto reformado en 1994 reduce el sistema de elección presidencial a una requisitoria breve que apuntó a la necesidad política de asegurar el ejercicio del gobierno central mediante el poderío esencial del distrito bonaerense.
La síntesis del problema basta para considerar su significado de contradicción institucional en nuestro régimen republicano y federal. Pero las circunstancias políticas que el país atravesó desde la restauración democrática hace un cuarto de siglo fueron ubicando a la provincia de Buenos Aires en el nivel problemático más elevado. Especialmente en los dos anillos del conurbano metropolitano, donde, a la vez, reside el más poderoso padrón de electores, integrado por multitud de comunas donde alrededor de 40 intendentes se suceden a sí mismos y algunos con perfil gerontocrático extremado. A esa realidad se suma el mayor número de villas de emergencia de todo el país y la elevada tasa de inseguridad pública que agobia a los bonaerenses y hasta lo reconoce el propio gobernador. Desde hace 20 años, los gobernadores y vicegobernadores provinciales han tenido origen en el mismo partido, el Justicialista, lo que no es óbice para que, unos más, otros menos, hayan culpado a sus antecesores con igual origen de las realidades negras del “primer Estado”. La“culpa del otro” suele ser la excusa de esa problemática que invariablemente se heredó hasta el presente, perfilando confrontaciones paradójicas invariablemente al servicio del dadivoso poder central.
Puede afirmarse que en el distrito bonaerense hay una crisis estructural que desnuda un modelo autocrático que hace del bienestar una utopía discursiva. La conservación del poder es la meta, salvo honrosas pero raras excepciones, y el consecuente centralismo nacional se muestra más preocupado por conservar esa red de aliados repetidamente mutantes, que por la creciente descomposición del “primer Estado”. La reciente masacre de policías bonaerenses en su propia casa y la pérdida oficial de reflejos han sido un testimonio más que elocuente de que el espacio donde el poder mayor suele consolidarse desde la reforma constitucional, es un territorio político minado por la carencia de autoridades genuinamente representativas. Un centralismo que poco o nada tiene en común con la enorme dimensión geopolítica advertida por los responsables de la Organización Nacional.