Los nuevos límites territoriales de Yerba Buena, aprobados en la última sesión legislativa, generaron la reacción de vecinos y autoridades de El Manantial, que le solicitaron al gobernador José Alperovich el veto total de la ley.
La discusión tiene un componente político, pero también se ponen en dudas los alcances de la norma. El proyecto de ley original fue presentado este año por Sisto Terán y analizado en la comisión de Asuntos Municipales y Comunales que preside Oscar Godoy. El dictamen contemplaba una gran ampliación de la geografía de Yerba Buena hasta abarcar casi todo el piedemonte. Pero a la hora de votar, ese despacho fue sustituido por otro texto que limitó considerablemente la extensión prevista y la acotó a un kilómetro hacia el sur y 650 metros hacia el oeste sobre la avenida Solano Vera, a contar desde la frontera actual. Hacia el este, la división entre el municipio y la comuna será el canal de sirga. El territorio anexado a Yerba Buena tiene la forma de martillo.
El comisionado Héctor Ramón Ferreyra, reelecto en agosto desde el Frente para la Victoria, dijo que respeta la decisión tomada por la Legislatura como poder del Estado, pero le solicitó al mandatario el veto. Señaló que la ley cercena gran parte de su jurisdicción y entorpece el crecimiento de El Manantial, poniendo en riesgo sus costumbres y tradiciones y condenándola a ser sólo un barrio.
Alperovich también tiene un pedido similar de los presidentes de la Junta Vecinal de Agua Potable y Fomento de El Manantial, Raúl Albornoz, y del centro vecinal del Barrio Este, Lorenzo Rivarola. En esa nota se denunció que el objetivo oculto de lo aprobado por los legisladores es cambiar la jurisdicción de un country de amplias dimensiones que se iría a construir en la cercanía del ex ingenio San Pablo. Con el cambio del dictamen en el recinto, este predio seguiría bajo administración de El Manantial.
Los dirigentes sociales señalaron la necesidad de que se respete el crecimiento poblacional futuro y el desarrollo de emprendimientos varios, como el turístico, además de que se eviten perjuicios medioambientales y económicos.
"El Manantial es la comuna rural más poblada de Tucumán y se debate entre su municipalización o su desaparición", advirtió la candidata a diputada nacional por el Partido Humanista, Paola Ceraolo. La dirigente denunció el peligro de perder el pedemonte, sumamente atractivo para emprendimientos inmobiliarios y donde existen dos reservas de agua potable, tal como antes se resignó el cordón industrial emplazado sobre la Ruta 301.
El representante del Centro de Trabajo Mate Cocido y de la Escuela Popular de Arte, Sergio Osorio, señaló que sólo la movilización logrará frenar la promulgación de la ley. Al mismo tiempo, instó a gestionar la recuperación inmediata de los habitantes, de la historia y de los territorios que, antiguamente, se extendían hasta el Canal Sur. "Cualquier proyecto de municipalización que no defienda estos intereses marcha hacia el fracaso. No se asentará en el modelo productivo y autónomo, sino en el empleomaníaco, prebendario y asistencialista", advirtió.
La discusión tiene un componente político, pero también se ponen en dudas los alcances de la norma. El proyecto de ley original fue presentado este año por Sisto Terán y analizado en la comisión de Asuntos Municipales y Comunales que preside Oscar Godoy. El dictamen contemplaba una gran ampliación de la geografía de Yerba Buena hasta abarcar casi todo el piedemonte. Pero a la hora de votar, ese despacho fue sustituido por otro texto que limitó considerablemente la extensión prevista y la acotó a un kilómetro hacia el sur y 650 metros hacia el oeste sobre la avenida Solano Vera, a contar desde la frontera actual. Hacia el este, la división entre el municipio y la comuna será el canal de sirga. El territorio anexado a Yerba Buena tiene la forma de martillo.
El comisionado Héctor Ramón Ferreyra, reelecto en agosto desde el Frente para la Victoria, dijo que respeta la decisión tomada por la Legislatura como poder del Estado, pero le solicitó al mandatario el veto. Señaló que la ley cercena gran parte de su jurisdicción y entorpece el crecimiento de El Manantial, poniendo en riesgo sus costumbres y tradiciones y condenándola a ser sólo un barrio.
Alperovich también tiene un pedido similar de los presidentes de la Junta Vecinal de Agua Potable y Fomento de El Manantial, Raúl Albornoz, y del centro vecinal del Barrio Este, Lorenzo Rivarola. En esa nota se denunció que el objetivo oculto de lo aprobado por los legisladores es cambiar la jurisdicción de un country de amplias dimensiones que se iría a construir en la cercanía del ex ingenio San Pablo. Con el cambio del dictamen en el recinto, este predio seguiría bajo administración de El Manantial.
Los dirigentes sociales señalaron la necesidad de que se respete el crecimiento poblacional futuro y el desarrollo de emprendimientos varios, como el turístico, además de que se eviten perjuicios medioambientales y económicos.
"El Manantial es la comuna rural más poblada de Tucumán y se debate entre su municipalización o su desaparición", advirtió la candidata a diputada nacional por el Partido Humanista, Paola Ceraolo. La dirigente denunció el peligro de perder el pedemonte, sumamente atractivo para emprendimientos inmobiliarios y donde existen dos reservas de agua potable, tal como antes se resignó el cordón industrial emplazado sobre la Ruta 301.
El representante del Centro de Trabajo Mate Cocido y de la Escuela Popular de Arte, Sergio Osorio, señaló que sólo la movilización logrará frenar la promulgación de la ley. Al mismo tiempo, instó a gestionar la recuperación inmediata de los habitantes, de la historia y de los territorios que, antiguamente, se extendían hasta el Canal Sur. "Cualquier proyecto de municipalización que no defienda estos intereses marcha hacia el fracaso. No se asentará en el modelo productivo y autónomo, sino en el empleomaníaco, prebendario y asistencialista", advirtió.
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