Las grandes deudas del día siguiente

Sea cual fuere el gobierno que asuma el 10 de diciembre, deberá enfrentar graves y numerosos problemas reales en los órdenes institucional, económico y político, que las campañas electorales por finalizar han eludido en algunos casos o, en otros, no parecen haber tomado conciencia del tiempo requerido para superarlos. La demanda más compleja y con mayor influencia es, sin duda, la recuperación de la calidad institucional, a cuyo deterioro se debe la pérdida de confianza para el largo plazo en el orden interno e internacional. Recomponer plenamente el sistema republicano de separación de poderes será tanto como retornar a la vigencia sin reservas de la Constitución Nacional en su letra y espíritu, incluso antes de analizar alguna o varias reformas del texto enmendado en 1994 como consecuencia del Pacto de Olivos. La Carta Magna, contrariamente a lo que algunos puedan pensar, es el instrumento idóneo para enfrentar una crisis y no un estorbo para resolverla, como la experiencia del colapso político de 2002 ha demostrado. El más severo y perdurable embate de esa concepción dominante ha sido el diverso concesionamiento de facultades propias del Congreso al Poder Ejecutivo, invocando una emergencia cuya durabilidad depende de la voluntad del Presidente. También la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) aplicando el sistema de sanción ficta o tácita que fulmina el artículo 82 de la CN.
   Todo ello y la carencia de un nuevo régimen de coparticipación federal permite al Gobierno central el manejo directo del grueso de los recursos, con el agravante de la reasignación de partidas presupuestarias delegadas por el Parlamento en la Jefatura del Gabinete. El somero panorama de deterioro institucional se amplía mediante la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y su organismo de juzgamiento, procurando mayoría dócil a los intereses del PEN. La configuración de ese presidencialismo no registra precedentes en la historia de nuestros gobiernos constitucionales y el propio presidente Néstor Kirchner ha expresado que, de sucederlo, su esposa lograría mayor calidad institucional. Esos superpoderes, como comúnmente se los conoce, han permitido en la economía aplicar subsidios que, tan sólo en el área del transporte, representan hasta el momento $ 3.000 millones, para mantener congeladas las tarifas. El modelo de subsidios terminó abriendo una brecha en la economía, como el de manipulación estadística ostensiblemente demostrada, que no han permitido ocultar una corriente inflacionaria real en un escenario político donde las inversiones de capital internas y externas son las más bajas de la región, a excepción de Bolivia.
   Ese manejo personalista de una economía que salió del hondo pozo de la crisis del milenio ha dejado focos ostensibles de corrupción mediante el régimen descontrolado de los fideicomisos, especialmente con relación a la crisis energética, cuyos detalles no terminan de conocerse, por afloración de nuevos episodios. Conocer la situación requiere, a estas alturas de los hechos, una atención relativa, pero la ciudadanía espera algunas definiciones esenciales de quienes compiten para asumir la futura gestión; es decir, si habrá más de lo mismo o un proceso de normalización institucional en plazo razonable. Lo que se destruye requiere más tiempo para ser reconstruido, pero es imprescindible partir lo más rápidamente hacia la restauración de valores para que la confianza perdida y el interés por la cosa pública se recupere en la sociedad.