El lenguaje de las cifras y su mensaje alarmante

La cuenta de inversión tiene que ver con la plata del pueblo. Así de sencillo. Lo complejo (comenzando por su nombre) es que, para presentar el conjunto de datos sobre los ingresos y los gastos de la Provincia, emplea un castellano pleno de tecnicismos, que desconciertan o marean. Y que le sirven al Gobierno para manifestar que la cuenta de inversión es “cosa” para “entendidos”. Pero el español es sólo uno de los lenguajes de ese informe. El otro, el de los números, es de una simpleza que asombra... y muestra una realidad que alarma.
Ese idioma dice, por ejemplo, que en 2001 los recursos del Estado provincial llegaban a $ 1.369 millones y que, hasta 2006, crecieron un 254%, porque ese año sumaron $ 3.489 millones. Y, lamentablemente, muestra que los gastos aumentaron todavía más: pasaron de $ 1.354 millones, en 2001, a $ 3.608 millones, en 2006. Es decir, treparon un 266%. O sea, se incrementaron hasta superar en un 12% el dinero que ingresa para gastar.
Los números de la cuenta de inversión 2006 también denuncian el gastadero sin límites de este Gobierno. La deuda pública aumentó, solamente durante el año pasado, $ 266 millones. Y eso se debió a que lo pagado en concepto de intereses, durante los 12 meses, sumó $ 122 millones, que también deben agregarse al pasivo. El resultado de esos desembolsos generó el déficit de casi $ 120 millones con que cerró aquel año. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de los $ 54 millones que sobraron de 2005 (el superávit de ese ejercicio), que ya no están. Que fueron tragados por la actual gestión, porque 2006 fue deficitario.
Todos estos centenares de millones expresados en el idioma de los números tienen también sinónimos en el lenguaje de las palabras. Son, por ejemplo, desastre, irresponsabilidad, desmanejo de la administración de la hacienda pública. Y esos términos no sólo son justificados por los números sino por las propias palabras del Tribunal de Cuentas, que, en su acordada 2.512, presenta su informe sobre la cuenta de inversión 2006, por ejemplo, cuando dice que no existe integridad en el sistema contable provincial y que en la ejecución de recursos no son expuestos correctamente ni los créditos presupuestarios ni los ingresos por recursos registrados en la contabilidad del Tesoro. Y que, además, cuando se analizan los partes diarios de caja, se observa, nada menos, “que parte de la documentación no corresponde a comprobantes emitidos por la entidad bancaria respectiva, sino a comprobantes emitidos por la Tesorería General de la Provincia”. O sea, notas de débitos y de créditos confeccionadas en esa dependencia, “con el objetivo de regularizar registros en los libros del sector”, que, para peor, nunca serán reemplazados por los originales. Léase, las operaciones de ingresos y egresos al Tesoro no se sustentan en documentación respaldatoria.
Pero hay más. Por ejemplo, datos de los organismos descentralizados que declaran haber recibido una cifra determinada para cubrir sus déficits, mientras que en la administración central figura que recibieron más plata (Ipvdu), que no recibieron un peso (IPLA) o, peor aún, que experimentan superávits (Siprosa).
La transparencia no consiste en que el dinero que figura como ingresado aparezca como erogado al final, sino en saber exactamente cómo fue gastado. Averiguación imposible no sólo para un ciudadano sino para los propios contadores fiscales que revisan los registros oficiales. Es más, en la Provincia, ya ni siquiera el Presupuesto General sirve para dar una idea de en qué usará la plata ajena el propio Gobierno. Dicho esto, también, por el ente de contralor: “Para evitar la vulneración de los principios de universalidad, unidad y claridad presupuestaria, se requiere la modificación de la forma de exposición del presupuesto y, en consecuencia, que se refleje el universo total de recursos y gastos, cualesquiera sean su denominación y su destino”, reclamaron.
Es la denuncia de la política del ocultamiento del uso de los fondos públicos, cuyo coherente correlato consiste en que todo esto refiere sólo a los fondos presupuestarios. No a los fideicomisos ni a los fondos públicos extrapresupuestarios ni -menos aún- a los míticos ahorros. Esos de los que tanto se jactó esta gestión, pero que no se sabe si existen. Ni dónde los pusieron. ¿Están en la cuenta de reserva para atender la deuda? ¿Están en los fondos fiduciarios para los municipios y, con ello, fuera del control del Tribunal de Cuentas? Se ignora si están devaluándose como alimento de la inflación o si están generando intereses. Y si este último es el caso, se desconoce a beneficio de quién estarían generando intereses, ya que no se los ve.
Complementariamente, es inconcebible que la Provincia esté incrementando su deuda en lugar de menguarla, y que esté registrando déficits, en lugar de superávits. Porque este es el período de las “vacas gordas”, de picos históricos en la coparticipación federal de impuestos y en la recaudación local. Si así están las finanzas, con este contexto favorable, ¿qué va a pasar cuando llegue la temporada de “vacas flacas”? Pero para no hacer futurología sobre Tucumán, el país y el mundo, bastará advertir un hecho doméstico: cuando se estudia el gasto público, se advierte que alrededor del 90% de su composición corresponde a conceptos referidos a “personal”. Empleados. ¿Qué va a pasar cuando los estatales empiecen a reclamar recomposiciones salariales teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo del sueldo a manos de una inflación varias veces superior a la que miente el Estado?
Frente a esta situación, el ministro de Economía y el propio gobernador (que también fue titular de la cartera de Hacienda) dicen que van a decir nada sobre la cuenta de inversión 2006. Hay que reconocerles, cuanto menos, honestidad intelectual. Sería bueno que, para hablar del tema, trajeran a alguien que sepa cómo administrar eficientemente un Estado en tiempos de bonanza.