La Legislatura deberá resolver el empate de Esquina
La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la posibilidad de que se efectúe un sorteo, como había sugerido la Junta Electoral. Medina y Díaz obtuvieron 416 votos en la elección del 26 de agosto. Los jueces entendieron que la resolución del conflicto es facultad privativa de la Cámara.
El empate en la votación por el cargo de comisionado rural de Esquina y Mancopa será resuelto en la Legislatura.
Ayer, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en contra de la decisión de la Junta Electoral Provincial (JEP) de que se efectuara un sorteo para resolver quién debía asumir como comisionado rural: Fernando Medina (Participación Cívica) o Andrea Díaz (Frente para la Victoria). Ambos obtuvieron 416 votos en la elección del 26 de agosto. Por el contrario, la Justicia determinó que el mecanismo escogido (sorteo) no era el correcto y que debía intervenir el Poder Legislativo.
La sentencia fue suscripta por los camaristas Horacio Castellanos y Salvador Ruiz. Si bien puede ser apelada en la Corte Suprema de Justicia, es virtualmente imposible que haya un fallo en esa instancia hasta fin de mes, cuando debe asumir el nuevo delegado rural. Esto obligaría al Poder Ejecutivo y a la misma Legislatura a intervenir transitoriamente la comuna hasta la normalización de la situación, con una nueva votación general.
Los magistrados anularon lo resuelto por la JEP de disponer un sorteo por aplicación análoga a la forma en distribuir bancas legislativas cuando hay un empate. Al respecto, entendieron que si se debía aplicar alguna norma supletoria para superar esta situación debía ser la referida a la categoría de gobernador. Por ello destacaron que, en ausencia de una disposición específica, los antecedentes debían ser remitidos a la Legislatura para que sea ese poder del Estado el que resuelva el problema.
"La Corte ha reiterado que, siendo el pueblo la fuente originaria de soberanía, el medio esencial para ponerlo en ejercicio es el voto de los ciudadanos a efectos de constituir las autoridades del Estado. Nuestra Constitución provincial de 2006 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular", recordaron.
Funciones similares
Ruiz y Castellanos mencionaron puntualmente que la Carta Magna dispone que el gobernador y el vice se elegirán en forma directa y por simple pluralidad de sufragios; y que en caso de empate decide la Legislatura. Un mecanismo similar se aplica en caso de paridad entre los candidatos a intendente, donde el organismo que interviene para resolver el tema es el Concejo Deliberante.
Como tanto el cargo de gobernador, el de intendente y de comisionado rural tienen similares funciones, y ya que este último no tiene cuerpo legisferante, concluyeron que deben intervenir los legisladores (representantes del pueblo y responsables de sancionar las normas electorales).
Atribución
Los jueces entendieron que la resolución del empate es una atribución privativa, propia, peculiar, singular y exclusiva de la Legislatura, que no puede ser ejercida por ninguna otra rama del Estado. También declararon inconstitucional la primera parte del artículo 57 del Código Procesal Constitucional, que asignó competencia para actuar en estos asuntos al juez en lo Civil y Comercial Común, y la reivindicaron para sí. Además rechazaron planteos de la Provincia.
En la sentencia se mencionó específicamente que la causa fue iniciada por Medina el 9 de setiembre. El fallo 662/07 se conoció un mes después, lo que indica el ritmo impreso al trámite.
Ayer, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en contra de la decisión de la Junta Electoral Provincial (JEP) de que se efectuara un sorteo para resolver quién debía asumir como comisionado rural: Fernando Medina (Participación Cívica) o Andrea Díaz (Frente para la Victoria). Ambos obtuvieron 416 votos en la elección del 26 de agosto. Por el contrario, la Justicia determinó que el mecanismo escogido (sorteo) no era el correcto y que debía intervenir el Poder Legislativo.
La sentencia fue suscripta por los camaristas Horacio Castellanos y Salvador Ruiz. Si bien puede ser apelada en la Corte Suprema de Justicia, es virtualmente imposible que haya un fallo en esa instancia hasta fin de mes, cuando debe asumir el nuevo delegado rural. Esto obligaría al Poder Ejecutivo y a la misma Legislatura a intervenir transitoriamente la comuna hasta la normalización de la situación, con una nueva votación general.
Los magistrados anularon lo resuelto por la JEP de disponer un sorteo por aplicación análoga a la forma en distribuir bancas legislativas cuando hay un empate. Al respecto, entendieron que si se debía aplicar alguna norma supletoria para superar esta situación debía ser la referida a la categoría de gobernador. Por ello destacaron que, en ausencia de una disposición específica, los antecedentes debían ser remitidos a la Legislatura para que sea ese poder del Estado el que resuelva el problema.
"La Corte ha reiterado que, siendo el pueblo la fuente originaria de soberanía, el medio esencial para ponerlo en ejercicio es el voto de los ciudadanos a efectos de constituir las autoridades del Estado. Nuestra Constitución provincial de 2006 garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular", recordaron.
Funciones similares
Ruiz y Castellanos mencionaron puntualmente que la Carta Magna dispone que el gobernador y el vice se elegirán en forma directa y por simple pluralidad de sufragios; y que en caso de empate decide la Legislatura. Un mecanismo similar se aplica en caso de paridad entre los candidatos a intendente, donde el organismo que interviene para resolver el tema es el Concejo Deliberante.
Como tanto el cargo de gobernador, el de intendente y de comisionado rural tienen similares funciones, y ya que este último no tiene cuerpo legisferante, concluyeron que deben intervenir los legisladores (representantes del pueblo y responsables de sancionar las normas electorales).
Atribución
Los jueces entendieron que la resolución del empate es una atribución privativa, propia, peculiar, singular y exclusiva de la Legislatura, que no puede ser ejercida por ninguna otra rama del Estado. También declararon inconstitucional la primera parte del artículo 57 del Código Procesal Constitucional, que asignó competencia para actuar en estos asuntos al juez en lo Civil y Comercial Común, y la reivindicaron para sí. Además rechazaron planteos de la Provincia.
En la sentencia se mencionó específicamente que la causa fue iniciada por Medina el 9 de setiembre. El fallo 662/07 se conoció un mes después, lo que indica el ritmo impreso al trámite.
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