No hay democracia sin comunicación

El sistema democrático institucional está basado en el principio según el cual los ciudadanos participan del gobierno mediante la elección de autoridades representativas de la voluntad de la mayoría. La necesidad de preservar esa participación y representación requiere imprescindiblemente que los gobernados estén informados de las decisiones de los gobernantes. Esa información debe ser clara, completa y transparente, pues de ello depende la calidad democrática. Aun así, no basta la información, sino que se requiere la comunicación, dos conceptos diferentes. El primero concierne a la noticia; el segundo, al diálogo, por el cual quien informa advierte lo que piensa y opina su interlocutor. En este punto aparece el rol de los medios de comunicación. Una vasta doctrina internacional sostiene así que para concretar políticas públicas el gobierno del caso debe informar y conocer la opinión de sus mandantes. Consecuente con todo ello, nuestra Constitución nacional considera la libertad de prensa como uno de los derechos esenciales del individuo y en su artículo 32 determina que no se dictarán leyes que la restrinjan o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. La historia de la libertad de prensa en el país es muy zigzagueante, desde sus máximos epígonos, los presidentes Frondizi e Illia, a los poderes de facto o autoritarios con origen constitucional, como el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
   Ese zigzagueo no parece haber finalizado, aunque la actual modalidad es absolutamente inédita. Como es notorio, consiste en restringir la comunicación con la ciudadanía eludiendo o limitando a voceros muy uniformes la relación con los medios, de acuerdo con la tesis definida por el propio Presidente de la Nación, máximo representante de la voluntad ciudadana, a pesar de haber accedido por el 22% del voto popular: “Yo me comunico con el pueblo con mis mensajes directos”; es decir, un sistema monologuista que no pocas veces apela a la arenga. La actual campaña electoral del oficialismo, donde la primera dama es la candidata a la Presidencia de la Nación, practica el mismo abstencionismo y, como su esposo, no convocó durante el actual gobierno ninguna conferencia de prensa y tan sólo aceptó tres entrevistas con periodistas argentinos independientes, aunque condicionadas. En sus frecuentes viajes al exterior, la senadora Fernández de Kirchner excluyó firmemente al periodismo nacional en una tácita sanción a toda su pluralidad.
   Por todo ello no ha sido posible conocer ninguna de las políticas concretas que sostendría un eventual gobierno sucesorio, salvo las generalidades discursivas de actos cerrados, especialmente en el exterior. Apenas alguna filtración dialéctica deja entrever un tema puntual como el de los superpoderes del jefe del Gabinete que, aparentemente, habrán de mantenerse, como la domesticación de las estadísticas. La tesis monologuista no implica ciertamente una censura expresa, aunque sí una muralla al principio de comunicación, inseparable del sistema democrático y sometido por ello a una crisis, en el sentido más estricto, a la que debe ponerse fin. El país vive por ello una emergencia de orden institucional que sólo se superará acatando la Constitución en su letra y en su espíritu; una gran deuda pendiente desde la crisis del milenio, que trata de ocultarse mediante un gatopardismo exuberante de cinismo político. La comunicación es el medio imprescindible para poner fin a la incertidumbre, antes que la realidad afecte los claros sentimientos democráticos de nuestra sociedad.