La discriminación de los discapacitados

Entre el 14 y el 25 de agosto de 2006, se realizó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la declaración final se señala que en un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos. Sin embargo, los 650 millones de personas discapacitadas -alrededor del 10 % de la población mundial- carecen de las oportunidades de que dispone la población en general. Se enfrentan con un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden recibir educación, conseguir empleo e, incluso, cuando están bien cualificados, y acceder  a la información. Se estima que el 80 % de la población mundial con discapacidad vive en países en desarrollo. Las personas con capacidades especiales suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia y, además, en muchos casos, no tienen acceso a los servicios esenciales. Se trata de una “crisis en silencio” que afecta no sólo a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, sino también al desarrollo social y económico de sociedades enteras, en las que una buena parte del potencial humano permanece sin explotar. Las personas con  capacidades especiales tienen igualdad de derechos a trabajar y a ganarse la vida. “Los países -señala la convención- deben prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio; emplear a personas con discapacidad en el sector público; promover su ocupación en el sector privado y asegurar que se proporcione comodidad en el lugar de trabajo”.
En estos días se realizaron en nuestra ciudad las Jornadas Interprovinciales de Discapacidad, organizadas por la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Hubo reflexiones más que interesantes como las vertidas por el defensor del Pueblo de Santa Fe, quien afirmó que ni siquiera el Estado respeta las leyes que creó en beneficio de los discapacitados. En su provincia como en la nuestra, no se respeta el cupo del 4 % para discapacitados en la administración pública. Añadió que es muy difícil que en las licitaciones de transporte público se incluyan unidades de piso bajo, y que las obras sociales se niegan a dar coberturas que por ley son obligatorias. “Tenemos legislación de avanzada, pero lo que hacemos es propio de un país de cuarta”, concluyó.
La directora de Educación Especial propuso que el discapacitado asuma una posición más activa y no reclame sus derechos como una dádiva, a lo cual un analista de sistemas no vidente le contestó que la dádiva es fomentada por el Gobierno provincial porque a los discapacitados que solicitan el cumplimiento del cupo del 4 %, se les da un plan social de $ 150 para que vuelvan tranquilos a su casa.
En nuestra edición del 6 de setiembre de 2006 se anunciaba, por ejemplo, que hasta fines de ese año, cada línea de colectivos urbanos e interurbanos debía disponer de, al menos, dos unidades adaptadas para personas con deficiencias de movilidad. La Legislatura había resuelto que la Dirección de Transporte fuese la autoridad de aplicación de la ley que acababa de aprobarse por unanimidad. Ciertamente, esta norma -como otras tantas- nunca se cumplió.
Como hecho auspicioso, el Colegio de Abogados creó una comisión de letrados para asesorar a los ciudadanos con discapacidad. Más allá de esta iniciativa útil, es necesario que los gobernantes no ignoren las leyes que protegen a los discapacitados porque se está violando un principio ético y humano, que tiene que ver además con la igualdad de las personas en una democracia.