El juez ordenó la excarcelación de la familia Pinochet

SANTIAGO.- El juez Carlos Cerda otorgó ayer la libertad provisional, bajo fianza de unos U$S 600, a la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriat, a los cinco hijos del matrimonio y a otros 16 antiguos colaboradores del ex dictador que fueron procesados y detenidos el jueves por malversación de caudales públicos. El ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, también imputado en la causa abierta por  las cuentas bancarias secretas de Pinochet -el llamado caso Riggs- quedó excluido de la medida porque no se presentó ante los tribunales.
En virtud de un recurso presentado por el abogado de la familia, Pablo Rodríguez, que impugnó la resolución de Cerda y también las órdenes de detención, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que decidirá si otorga o no definitivamente la libertad a los 23 procesados. Todos están acusados de haber desviado fondos públicos desde la Casa Militar, un organismo de la época de la dictadura, en beneficio de Pinochet y de sus familiares. En 2004, una investigación del Senado estadounidense reveló que Pinochet tenía cuentas secretas en el Riggs Bank y en otras entidades fuera de Chile, donde escondía unos U$S 27 millones.
Las hijas mujeres de Pinochet, María Verónica (59 años), Jacqueline (48), y Lucía (63), pasaron la noche del jueves en la cárcel de mujeres. Los varones, Augusto (62 años) y Marco Antonio (50), fueron alojados en la cárcel de Santiago 1. La viuda de Pinochet, de 84 años, fue internada en el hospital Militar, donde permanecía ayer por consejo de sus médicos. Los Pinochet y los militares que actuaron durante el régimen estuvieron encarcelados justo cuando se cumplen 19 años del plebiscito que puso fin a la dictadura (1973-90).

El argumento
En tanto, la presidenta, Michelle Bachelet, negó ayer una supuesta presión del gobierno sobre la Justicia. “En democracia existe independencia de poderes”, dijo. Según la oposición, se trató de una maniobra para recuperar la popularidad de Bachelet, que atraviesa su más bajo nivel desde que asumió, en marzo de 2006. Por su parte, Cerda argumentó: “dicté las detenciones porque la penalidad del delito me exige tomar esa medida”. Luego aclaró: “no fue un capricho; considero que no hay elementos para mantener esa prisión y por eso, de oficio, otorgué esas libertades”. Cerda viajó ayer a EEUU a recibir un premio de la Fundación Gruber por su actuación en casos de derechos humanos. (DPA)