El discapacitado precisa más protección

A menudo, una buena parte de la sociedad es indiferente con ellas, pese a que según estadísticas de 2005, hay en el país más de 2 millones de personas con alguna discapacidad -un 7,1% de la población total- y en Tucumán serían alrededor de 120.000. Según datos a nivel mundial, una de cada 10 personas tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial. Es decir que hay 600 millones de discapacitados en el mundo, de los cuales 400 millones (los dos tercios) habitan en los países en vías de desarrollo. En la Argentina, la mayoría de estas personas (1.779.709) no posee certificados de discapacidad. Hay 78.060 que no se sabe si lo tienen, mientras que sólo 318.354 cuentan con el documento.
Hace poco tiempo, en esta columna comentamos que en nuestra provincia existen numerosas leyes que no siempre se cumplen, tales como la integración de las personas con necesidades educativas especiales de acuerdo con su capacidad a la escuela común; el derecho a trabajar con un cupo mínimo de un 4% en los entes públicos o empresas privadas que presten servicios públicos, siempre que demuestren condiciones de idoneidad para el cargo y otras disposiciones, tales como eliminación de barreras arquitectónicas y de transporte, asignación especial por hijo discapacitado, régimen de licencias especiales, o la ley sobre Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (24901) a la cual la provincia está adherida (ley 7282), que obliga a las obras sociales y subsidiariamente al Estado, al 100% de cobertura a personas con discapacidad.
En julio pasado, en el marco del I Foro Provincial “Universidad, discapacidad y sociedad”, el presidente de la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad señaló que no se penaliza el incumplimiento de las leyes en vigencia, así como tampoco se asigna el correspondiente presupuesto al área. Afirmó que estas normas se han convertido en una mera declaración de derechos. En agosto de este año el Poder Ejecutivo provincial vetó parcialmente la ley de creación del Consejo para la Integración de Personas con Capacidades Especiales, cuya misión será velar por los derechos de los discapacitados, asesorar al Gobierno y proponer medidas para la elaboración de planes y programas de ayuda para el sector.
En nuestro Suplemento de Actualidad del domingo, se abordó el tema de la discapacidad a través de distintos testimonios. Una locutora que quedó ciega, se refirió a algunos de los obstáculos urbanos que los ciegos deben sortear: la ocupación de las veredas con carteles, por parte de comerciantes, y cabinas telefónicas o faroles que están mal ubicados y se los llevan por delante, e hizo hincapié en la falta de solidaridad. “La gente debería enterarse de que los discapacitados no comen ni contagian”, se lamentó. Las historias de vida reflejan que los discapacitados se esfuerzan por superar su problema y en muchos casos, son un ejemplo de empeño y sacrificio, actitudes que cada vez son más infrecuentes entre las personas normales -en especial, los jóvenes-, que viven en una sociedad donde se promueve el éxito fácil, en desmedro de la cultura del esfuerzo para llegar a una meta.
“Uno valora lo que tiene cuando lo pierde”, suele decir un antiguo adagio. Las personas normales, por lo general, pocas veces piensan en que una enfermedad o un accidente pueden dejarlos en algún momento de la vida con algún tipo de discapacidad. Tal vez es por esa razón que no se reflexiona acerca de la problemática de estos seres humanos que integran la comunidad y que son discriminados de diversas maneras. Es hora de que la sociedad y sus representantes se hagan cargo de esta asignatura pendiente.