Sólo respuestas, no soluciones

La gestión estatal instaló la política del minoreo, donde el intermediario usufructúa los beneficios de las prestaciones, a diferencia del mediador a quien, como decía Homero Manzi, “le duele como propia la cicatriz ajena”.
La frase del cardenal Jorge Bergoglio resonó fuerte en un recinto acotado a unos pocos agentes de la pastoral de la niñez y de la adolescencia en riesgo, el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y el diputado Claudio Lozano (CTA), ante quienes reclamó que “la reasignación de recursos se traduzca en políticas públicas masivas, universales y de alto impacto social”.
Fue casi al mismo tiempo que el presidente Néstor Kirchner anunciaba, en un acto de campaña en la localidad de Merlo, en Buenos Aires, que durante su gestión el porcentual de pobres cayó del 54 al 23%.
Diferente percepción de la realidad que suma una fricción más a la ya tensa relación entre la Iglesia y el Gobierno, en particular entre el primado argentino y el jefe de Estado.
Pero la crítica de Bergoglio a la política social del Gobierno no es aislada, como tampoco las objeciones al reparto de bienes, que, al entender eclesiástico, no es “ni equilibrado, ni equitativo”, pese al crecimiento económico que logró la administración K.
Hay un consenso casi general entre los obispos -se constata en las declaraciones públicas- de que la Casa Rosada no exhibe programas capaces de transformar la realidad de los 9 millones de pobres que las estadísticas oficiales dicen que hay en el país.
“La política oficial no tiene efecto transformador; es dispersa y tiene vicios de fondo. No podemos seguir por 20 años con comedores; la gente necesita fuentes de empleo genuino”, le dijo a DyN el obispo Pedro Olmedo Rivero (de Humahuaca, provincia de Jujuy).
En tanto, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto (San Isidro), rescató la mutación que hizo el Gobierno del plan Jefes y Jefas al programa Familia, aunque consideró que esa es “una primera respuesta, que no soluciona el problema de fondo”.
Los obispos consultados por esta agencia sostienen que para evitar que la ayuda social se salpique con el clientelismo político, sobre todo en tiempos electorales, urge un cambio de paradigma tendiente a pasar de la “cultura de la dádiva” a la “cultura del trabajo”.
“Mientras los planes sociales sigan siendo necesarios, hay que seguir trabajando para que contemplen una contraprestación laboral o educativa”, repitió hace algunos días atrás monseñor Casaretto.
Los prelados reconocen, sin embargo, que “es difícil” que desaparezca la metodología clientelar, por dos motivos. Uno porque es funcional a las necesidades de los políticos en campaña, y el otro porque la sociedad no reacciona para evitarlo.
Para revertir esa constante en la política social, la Iglesia demanda universalizar los planes y transparentar la ayuda oficial a los excluidos o “sobrantes” -al decir de Bergoglio- mediante la conformación de un padrón único de beneficiarios.
En el Ministerio de Desarrollo Social recogen el guante eclesiástico, pero fuentes de la cartera a cargo de la hermana del Presidente admiten que centralizar la información es “complicado, porque se entrecruzan intereses y falencias en la informatización”.