Se debe sancionar la violencia sindical

Como lo detalla la información correspondiente, ayer tuvieron lugar serios hechos de violencia en el sindicato de los viales. Conflictos internos de los afiliados desembocaron en un enfrentamiento, que dejó un saldo de cuatro heridos; uno de ellos, muy grave. Se trata de una situación en extremo inquietante, que merece por cierto un comentario.
   Hay que decir, en primer lugar, que es necesario que el Estado tome cartas en estos hechos, francamente delictivos desde cualquier punto de vista. Tal condición hace indispensable que se cumplimenten, por parte de la autoridad judicial y con urgencia, todos los pasos previstos por la ley para el esclarecimiento de los referidos delitos. Ello, de manera que se establezcan de modo indudable las responsabilidades, y se pueda procesar debidamente a quienes resulten autores, directos o intelectuales.
   Debe insistirse en este punto, porque es sabido que los casos de violencia vinculados al terreno gremial o al político, generalmente nunca se resuelven en los estrados de la Justicia. Por el contrario, terminan quedando envueltos en una especie de bruma, sin sanciones efectivas para nadie. No puede reiterarse eso en los sucesos que nos ocupan. Ha de quedar claro que no pueden admitirse conductas  de tal índole, en un país donde están funcionando los mecanismos republicanos. Estos no reconocen otro marco que la ley, que es igual para todos los ciudadanos, con independencia de las organizaciones a las que pertenezcan.
   Debemos rechazar decididamente la insólita regresión a viejas prácticas de violencia sindical, que han ensangrentado con frecuencia la vida de la sociedad. Estas tienen que quedar para siempre atrás, expresándose un rechazo frontal a dicha tesitura, como algo que debe ser castigado legalmente, provenga de donde proviniere.
   Nuestro país y nuestra provincia ya van viviendo más de dos décadas de práctica democrática. Hemos optado por recorrer esa etapa, suficientemente aleccionados por una larga y penosa experiencia de desprecio por las vidas humanas. Nada puede, entonces, justificar recursos como los utilizados en la pugna gremial de referencia.
  Inquieta advertir, además, en la vida argentina actual, cómo la violencia está agazapada, como un elemento deleznable que pugna por introducirse en cualquier situación de intereses contrapuestos, y así desalojar a la instancia del diálogo. Por ejemplo, es preocupante, en manifestaciones callejeras de reclamo en muchos lugares del país, divisar entre los participantes a personas con los rostros cubiertos y armadas con palos. Está allí claramente expuesta la intención de apelar al recurso agresivo.
   Como lo hemos dicho muchas veces, la violencia es algo que carece totalmente de poder germinativo. De ella no puede esperarse nada que no sean nuevas cuotas de violencia. Una sociedad civilizada tiene, en cambio, la convicción común de que los problemas deben afrontarse por medio de diálogos, donde cada parte exponga sus puntos de vista y donde pueda finalmente llegarse a un acuerdo, en base a concesiones recíprocas.
   Es el marco del cual no podemos salir, si deseamos realmente habitar en una democracia. Hace más de dos décadas que el funcionamiento de las instituciones está buscando educar al pueblo en la tesitura democrática: hacer que se encarne, en la mente de todo ciudadano, que el acatamiento a la ley y a sus pautas de convivencia es el único modo conveniente y digno de vivir.
No pueden aceptarse, entonces, estas súbitas marchas hacia atrás. El poder público debe poner en acción, repetimos, todos los mecanismos de la Justicia para desterrarlas y sancionarlas con la ley en la mano.