Los sacerdotes y la política

La Iglesia Católica alienta la participación de los laicos en política, a fin de frenar la incursión de sacerdotes en cuestiones partidarias, que los obispos aseguran no les compete por doctrina y vocación.
La candidatura a convencional constituyente por Misiones en 2006 del obispo Joaquín Piña fue para el Episcopado un hecho excepcional, que no debe repetirse.
Al punto que en la reciente reunión de la Comisión Permanente se acordó no autorizar a ningún sacerdote a postularse a cargos electivos, sea cual sea el contexto institucional que alegue el demandante.
La clericalización de la política, ante la ausencia de referentes partidarios, es una moda que los obispos dicen rechazar, porque consideran que podría debilitar las instituciones republicanas.
Eso no quita -aclaró a DyN un vocero habitual de la Iglesia- que un obispo o un religioso intervenga en forma ocasional en cuestiones morales o sociales, como sucedió recientemente en Santa Cruz con monseñor Juan Carlos Romanín ante “la amenaza de la gobernabilidad” en la provincia del presidente Néstor Kirchner.
La Iglesia promueve también instancias de capacitación para que los laicos se comprometan en el quehacer político, una tarea a la que alientan redescubrir como “forma elevada de caridad” y para “restituirle el alma -al decir del cardenal Jorge Bergoglio- que la partidocracia le quitó”.
Con este objetivo, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside monseñor Jorge Casaretto, reunió este fin de semana en Mar del Plata a jóvenes dirigentes “capaces de pensar un proyecto de país, en permanente búsqueda del bien común”, según se consignó.
Lo propio hará el cardenal Bergoglio en quince días, cuando presida en el colegio contiguo al santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, la X Jornada Arquidiocesana de Pastoral, que buscará poner a la política como “mediadora del bien común”, mediante tres ejes: democracia, desarrollo y justicia social.
“Será un espacio de diálogo, reflexión y propuestas”, anticipó el purpurado porteño en la convocatoria.
Paralelamente la Iglesia trabaja en dos frentes, a fin de que los argentinos dejen de ser habitantes y se transformen en ciudadanos.
Por un lado, una propuesta inclusiva orientada a sindicalistas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y referentes de creencias religiosas, con el propósito de favorecer -a través del diálogo- consensos básicos que puedan traducirse en leyes o políticas de Estado.
La iniciativa se sustenta en un decálogo de prioridades: educación, salud, justicia y seguridad ciudadana, política social, reforma política y del Estado, medio ambiente, organización económica, integración regional y mundial, trabajo y empleo decente, tierra, infraestructura y hábitat y libertad y responsabilidad ciudadana.
Pero pueden sumárseles otras. Como ya hizo la CGT que lidera Hugo Moyano, que sugirió a monseñor Casaretto incorporar la problemática de la distribución equitativa de la riqueza.
Por otro lado, es necesario destacar, la Acción Católica Argentina promueve una campaña que apunta a motivar en la sociedad la validez del voto en las elecciones presidenciales de octubre próximo, tanto para garantizar el derecho de los gobernados a elegir como para alentar la obligación de controlar a los gobernantes.