22 Agosto 2007
Según la ex fiscal de Estado (1996-1999) Gilda Pedicone de Valls, cuando en 1997 la Provincia rescindió el contrato de concesión del servicio de agua y cloacas a la Compañía Aguas del Aconquija (CAA) había sobradas razones para hacerlo. "La concesionaria había incumplido las inversiones y mejoras del servicio pactadas en el contrato, no había integrado el capital societario, dejó sin seguro los bienes de la provincia afectados al servicio y desoía tanto las decisiones del ente regulador como el reclamo de los usuarios que salieron a lugares públicos (plazas, peatonales) de la Capital y del interior a manifestar su disconformidad", afirmó.Pedicone de Valls, que tuvo una participación importante en el diferendo con el Ciadi, sostuvo que en aquel momento el gobierno de Antonio Bussi -de distinto signo político que el nacional- "sufrió fuertes presiones del Poder Ejecutivo nacional para renegociar, en condiciones claramente inconvenientes a los intereses de los tucumanos, un contrato que nació sospechado y que rápidamente provocó la resistencia de los usuarios por la altas tarifas y la mala calidad de las prestaciones". "Como fiscal de Estado, aconsejé no sólo la rescisión. Demandamos a la concesionaria en los Tribunales tucumanos y fuimos a Washington a defender la decisión, lo que nos valió un laudo arbitral favorable en el año 2000. Lamentablemente, al cambiar el gobierno provincial, la demanda contra la empresa, por U$S 34 millones, fue retirada y nunca más reiniciada. Allí comenzó a debilitarse la estrategia defensiva de Tucumán", aseguró.La ex fiscal agregó que también debilitó a la estrategia de Tucumán ante el Ciadi el hecho de que nunca se consultó a los defensores de la Provincia en el comienzo del pleito sobre cómo se había actuado. Y dijo que, en cambio, durante los últimos 10 años CAA mantuvo el mismo cuerpo de abogados.
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