22 Agosto 2007
ELl 22 DE JULIO DE 1995, el gobierno de Ramón Bautista Ortega concretó la transferencia del servicio de agua y cloacas de la ex Dipos al consorcio Compañía Aguas del Aconquija (CAA). El proceso privatizador había comenzado el 28 de diciembre de 1991, cuando los entonces legisladores José Carbonell y Manuel Martínez Zuccardi presentaron un proyecto de ley propiciando la privatización del ente sanitario.
UN AÑO DESPUES, con Antonio Domingo Bussi en el poder, la Provincia decide renegociar el contrato con CAA, cuestionando el incremento tarifario del 100% que implicó la concesión del servicio. El 27 de diciembre de 1996, CAA planteó una demanda en el Ciadi. Bussi rechazó la notificación que le envió la CAA informándole del planteo que realizó ante el Ciadi.
EN MARZOD DE 1997, CAA pide al Ciadi que suspenda la marcha del trámite. Pero, en agosto de ese año, la empresa decide rescindir unilateralmente el contrato de concesión, informa al Gobierno y ratifica ante el Ciadi el reclamo de indemnización de U$S 400 millones.
EL 2 DE JULIO 1998, el Ciadi dictaminó que es incompetente para entender en la demanda que la CAA planteó contra Tucumán. Explica que ese pleito debe resolverse en la Justicia provincial. Pero advierte que sí se expedirá respecto de su competencia en el litigo entre CAA y la Argentina. En noviembre de 2000 vuelve a pronunciarse en igual sentido, a instancias de un proceso iniciada por la fiscal de Estado de Bussi, Gilda Pedicone de Valls.
LA DEMANDA DE LA COMPAÑIA no se planteó contra Tucumán, sino contra la Argentina, porque la Nación es garante e las inversiones francesas, por un acuerdo firmado entre los dos países en 1991, para la promoción y protección recíproca de inversiones (ley 24.100).
CON ESOS ARGUMENTOS, Bussi trasladó el pleito a los tribunales tucumanos. El 13 de setiembre de 1999, la entonces fiscal de Estado, Pedicone de Valls, radicó una denuncia millonaria contra la CAA en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el 3 de abril de 2000, el gobierno de Julio Miranda, en la figura de la entonces fiscal de Estado Malvina Seguí, decidió retirar la demanda contra la empresa.
AGUAS DEL ACONQUIJA dejó de administrar el servicio sanitario de Tucumán el 7 de setiembre de 1998. Un año antes, la administración Bussi rescindió el contrato con CAA, pero la obligó a continuar prestando el servicio hasta esa fecha. En 2000, la firma francesa intimó a 100.000 usuarios a que paguen las deudas por el servicio prestado, pero en 2005 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán invalidó esa acción.
UN AÑO DESPUES, con Antonio Domingo Bussi en el poder, la Provincia decide renegociar el contrato con CAA, cuestionando el incremento tarifario del 100% que implicó la concesión del servicio. El 27 de diciembre de 1996, CAA planteó una demanda en el Ciadi. Bussi rechazó la notificación que le envió la CAA informándole del planteo que realizó ante el Ciadi.
EN MARZOD DE 1997, CAA pide al Ciadi que suspenda la marcha del trámite. Pero, en agosto de ese año, la empresa decide rescindir unilateralmente el contrato de concesión, informa al Gobierno y ratifica ante el Ciadi el reclamo de indemnización de U$S 400 millones.
EL 2 DE JULIO 1998, el Ciadi dictaminó que es incompetente para entender en la demanda que la CAA planteó contra Tucumán. Explica que ese pleito debe resolverse en la Justicia provincial. Pero advierte que sí se expedirá respecto de su competencia en el litigo entre CAA y la Argentina. En noviembre de 2000 vuelve a pronunciarse en igual sentido, a instancias de un proceso iniciada por la fiscal de Estado de Bussi, Gilda Pedicone de Valls.
LA DEMANDA DE LA COMPAÑIA no se planteó contra Tucumán, sino contra la Argentina, porque la Nación es garante e las inversiones francesas, por un acuerdo firmado entre los dos países en 1991, para la promoción y protección recíproca de inversiones (ley 24.100).
CON ESOS ARGUMENTOS, Bussi trasladó el pleito a los tribunales tucumanos. El 13 de setiembre de 1999, la entonces fiscal de Estado, Pedicone de Valls, radicó una denuncia millonaria contra la CAA en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el 3 de abril de 2000, el gobierno de Julio Miranda, en la figura de la entonces fiscal de Estado Malvina Seguí, decidió retirar la demanda contra la empresa.
AGUAS DEL ACONQUIJA dejó de administrar el servicio sanitario de Tucumán el 7 de setiembre de 1998. Un año antes, la administración Bussi rescindió el contrato con CAA, pero la obligó a continuar prestando el servicio hasta esa fecha. En 2000, la firma francesa intimó a 100.000 usuarios a que paguen las deudas por el servicio prestado, pero en 2005 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán invalidó esa acción.
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