19 Agosto 2007 Seguir en 
L a Iglesia Católica prevé meterse en la pelea por los indicadores económicos entre el Gobierno y empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuando esta semana compare mediciones privadas con oficiales, a las que considera a priori “poco cotejables” en la realidad. “No es creíble que se diga que la inflación del primer semestre del año ronda apenas el 4 % o se hable de aumentos ‘estacionales’, cuando los reclamos gremiales por incrementos salariales no bajan del 16 %”, le dijo a DyN una fuente eclesiástica empapada en las cuestiones sociales.
La reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que sesionará tres días la próxima semana con la presidencia del cardenal Jorge Bergoglio, recurrirá a mediciones privadas ante las dudas y sospechas de retoques que ofrecen las cifras oficiales.
Los obispos tendrán a su alcance una actualización del Barómetro de la Deuda Social Argentina, que produce la Universidad Católica Argentina mediante encuesta en hogares, y que -aseguran- es cada vez más consultado por sectores productivos.
En ese informe -al que DyN tuvo acceso- se sostiene que persisten las desigualdades sociales, a pesar de las “graduales y significativas mejoras” económicas y la reducción de los índices de pobreza e indigencia que se registraron en los últimos años.
“En la matriz social nacional se destaca la vigencia de un sistema social empobrecido, polarizado y fragmentado, en cuanto a oportunidades, con efectos negativos para la sana integración de la vida y calidad del sistema político institucional”, advierte la UCA en ese estudio cuali-cuantitativo.
En esa investigación de campo también se afirma: “la desigualdad en la distribución del ingreso ha continuado aumentando debido al efecto inflacionario, que afecta principalmente a la canasta de alimentos de los sectores más pobres”.
Una referencia eclesiástica similar a la brecha entre ricos y pobres provocó en mayo la reacción del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que sugirió al cardenal Bergoglio estudiar “un poquito” antes de criticar los logros del Gobierno en esta materia.
El plenario de obispos avanzará, además, en su plan pastoral sobre drogradependencia, una problemática que la Iglesia estima consecuencia directa de la pobreza y marginación en que viven millones de argentinos. Preocupa a los prelados -pudo constatar DyN- tanto los efectos socio-familiares que traen aparejadas las adicciones como el narcotráfico en sí. Un delito que evalúan de compleja solución en un país que dejó de ser de paso, para convertirse en productor.
Los obispos consultados explicaron que esa afirmación se fundamenta en el hecho de que se quintuplicó, sobre todo en zonas marginales, el consumo de “paco”, una droga barata (un peso el gramo promedio) muy nociva a base de desechos de cocaína.
Ante este flagelo, que también se coló en la escuela católica, la Comisión Episcopal de Pastoral Social que preside monseñor Jorge Casaretto trabaja sobre una propuesta bidireccional: prevención y asistencia. No está definido, sin embargo, cómo colaborar la Iglesia en el combate al narcotráfico y de qué modo romper el círculo de miedo que impide denunciar a los dealers de la droga, inclusive a curas que trabajan en contextos sociales marginales y dicen tenerlos identificados.
Una fuente puso como ejemplo el caso de un obispo bonaerense que dijo que respaldaría ante el fiscal a un sacerdote, si este denunciaba a los proveedores que conocía, pero el religioso le contestó que “debía pensarlo” para no poner en riesgo ni su integridad física ni la de su comunidad.
La reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que sesionará tres días la próxima semana con la presidencia del cardenal Jorge Bergoglio, recurrirá a mediciones privadas ante las dudas y sospechas de retoques que ofrecen las cifras oficiales.
Los obispos tendrán a su alcance una actualización del Barómetro de la Deuda Social Argentina, que produce la Universidad Católica Argentina mediante encuesta en hogares, y que -aseguran- es cada vez más consultado por sectores productivos.
En ese informe -al que DyN tuvo acceso- se sostiene que persisten las desigualdades sociales, a pesar de las “graduales y significativas mejoras” económicas y la reducción de los índices de pobreza e indigencia que se registraron en los últimos años.
“En la matriz social nacional se destaca la vigencia de un sistema social empobrecido, polarizado y fragmentado, en cuanto a oportunidades, con efectos negativos para la sana integración de la vida y calidad del sistema político institucional”, advierte la UCA en ese estudio cuali-cuantitativo.
En esa investigación de campo también se afirma: “la desigualdad en la distribución del ingreso ha continuado aumentando debido al efecto inflacionario, que afecta principalmente a la canasta de alimentos de los sectores más pobres”.
Una referencia eclesiástica similar a la brecha entre ricos y pobres provocó en mayo la reacción del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que sugirió al cardenal Bergoglio estudiar “un poquito” antes de criticar los logros del Gobierno en esta materia.
El plenario de obispos avanzará, además, en su plan pastoral sobre drogradependencia, una problemática que la Iglesia estima consecuencia directa de la pobreza y marginación en que viven millones de argentinos. Preocupa a los prelados -pudo constatar DyN- tanto los efectos socio-familiares que traen aparejadas las adicciones como el narcotráfico en sí. Un delito que evalúan de compleja solución en un país que dejó de ser de paso, para convertirse en productor.
Los obispos consultados explicaron que esa afirmación se fundamenta en el hecho de que se quintuplicó, sobre todo en zonas marginales, el consumo de “paco”, una droga barata (un peso el gramo promedio) muy nociva a base de desechos de cocaína.
Ante este flagelo, que también se coló en la escuela católica, la Comisión Episcopal de Pastoral Social que preside monseñor Jorge Casaretto trabaja sobre una propuesta bidireccional: prevención y asistencia. No está definido, sin embargo, cómo colaborar la Iglesia en el combate al narcotráfico y de qué modo romper el círculo de miedo que impide denunciar a los dealers de la droga, inclusive a curas que trabajan en contextos sociales marginales y dicen tenerlos identificados.
Una fuente puso como ejemplo el caso de un obispo bonaerense que dijo que respaldaría ante el fiscal a un sacerdote, si este denunciaba a los proveedores que conocía, pero el religioso le contestó que “debía pensarlo” para no poner en riesgo ni su integridad física ni la de su comunidad.







