Degradación del control parlamentario

La función de control del Poder Legislativo sobre los actos de gobierno es un atributo constitucional universalmente establecido en los sistemas democráticos pluralistas. Ese rol de los representantes del pueblo -Cámara de Diputados- y de las provincias  -Cámara de Senadores- se ejerce fundamentalmente mediante pedidos de informes e interpelaciones y la concurrencia mensual, alternativamente a ambas cámaras, del jefe del Gabinete de Ministros, quien expone y responde a las preguntas de los legisladores. El procedimiento garantiza muy buena parte de la transparencia de los actos públicos y permite corregir situaciones irregulares que, en caso de presunciones graves, deben ser derivadas a la Justicia. Dentro de ese sintético esquema constitucional subyace el bien llamado régimen de gobierno del pueblo y para el pueblo, con el que surgió históricamente la democracia. Cuando se cuestiona en estos tiempos la fragilidad institucional que dejó la crisis histórica de 2001, el tema ocupa un lugar primario. No solamente por la recurrente delegación de facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo, sino también por el sistemático rechazo de la mayoría oficialista de pedidos de informes e  interpelaciones a ministros y secretarios de Estado a solicitud de la oposición.
Son innumerables las demandas de informes específicos frustrados por carecer de la mayoría necesaria en ambas ramas parlamentarias y, no menos de una veintena, los pedidos de interpelación que, en no pocos casos, no contaron siquiera con el quórum necesario para su tratamiento. En el presente año parlamentario, las reuniones de ambas cámaras se han destinado a iniciativas del Poder Ejecutivo que generalmente se sancionan con rapidez inusitada, a pesar de su complejidad, como aconteció con la rebaja del mínimo no imponible a las ganancias, sin atenderse ninguna de aquellas solicitudes. Tampoco el jefe del Gabinete de Ministros ha concurrido con la regularidad constitucional y las preguntas le debieron ser formuladas previamente y por escrito; quedaron parte de ellas sin responder. La sucesión de hechos públicos de corrupción o abuso de poder que incluso tienen tratamiento judicial y han motivado el despido de funcionarios por el propio presidente Kirchner, ha sido parte de aquellas solicitudes sin éxito y tan sólo en el caso del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, los pedidos interpelatorios acumulados inútilmente suman más de una decena.
No debe causar extrañeza tan elevado número sobre un solo ministro, si se advierte que la mera nominación de su cargo remite al gasto público más elevado de todo el presupuesto nacional; especialmente al régimen de fideicomisos careciente de control parlamentario. En ese múltiple ámbito administrativo que controla la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde la esposa del ministro ejerce funciones, necesariamente hay mucho por informar en relación con casos públicos ampliamente imputados a funcionarios dependientes.
Sin embargo, al ministro De Vido no llegan esas demandas de interpelación, para explicar las razones y los alcances de tan graves presunciones de corrupción, en las que tan sólo podría imputársele alguna responsabilidad política.
Tan virtual inmunidad por repetida oposición oficialista en el Congreso, acaso sea el testimonio más grave contra lo que el presidente Kirchner suele defender como “cristalinidad” de su gobierno, dentro de un panorama donde los puntos de corrupción parecen haber encontrado su panacea en el propio poder que debe controlarlos; es decir, el Congreso de la Nación.