16 Agosto 2007 Seguir en 
La fiscal Adriana Giannoni sospecha que está ante un caso de lavado de dinero y pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, le confirme si en nuestra provincia se detectó, en los últimos tiempos, algún ilícito de estas características.
La UIF es un organismo que analiza información sobre transacciones inusuales y la remite a los fiscales en caso de detectar irregularidades. El objetivo es luchar contra el narcolavado y contra los fondos que sirven para financiar actividades terroristas.
El organismo obtiene la información porque entidades y agentes de la actividad económica están obligadas a informar a la UIF cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente del monto que se esté negociando.
Escribanos; contadores; instituciones financieras, cambiarias y bancarias; empresas aseguradoras, de servicios postales y dedicadas al transporte de caudales, y personas que explotan juegos de azar o anticuarios deben comunicar cualquier operación inusual.
En la actualidad, según datos que maneja la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), del ciento por ciento de las operaciones sospechosas que se analizan, entre el 3 y el 3,8% llega al Poder Judicial. El resto termina por considerarse legítima.
No se descarta que la fiscal Giannoni cite a los responsables y a los empleados de las entidades crediticias donde se detectó que José Ignacio González tenía cuentas abiertas.
Según trascendió, les pedirá que le expliquen si era normal que un cliente realizara movimientos de dinero de semejante envergadura. También tratará de establecer si detectaron algún tipo de irregularidad en las transacciones que se hacían con los fondos depositados.
La UIF es un organismo que analiza información sobre transacciones inusuales y la remite a los fiscales en caso de detectar irregularidades. El objetivo es luchar contra el narcolavado y contra los fondos que sirven para financiar actividades terroristas.
El organismo obtiene la información porque entidades y agentes de la actividad económica están obligadas a informar a la UIF cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente del monto que se esté negociando.
Escribanos; contadores; instituciones financieras, cambiarias y bancarias; empresas aseguradoras, de servicios postales y dedicadas al transporte de caudales, y personas que explotan juegos de azar o anticuarios deben comunicar cualquier operación inusual.
En la actualidad, según datos que maneja la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), del ciento por ciento de las operaciones sospechosas que se analizan, entre el 3 y el 3,8% llega al Poder Judicial. El resto termina por considerarse legítima.
No se descarta que la fiscal Giannoni cite a los responsables y a los empleados de las entidades crediticias donde se detectó que José Ignacio González tenía cuentas abiertas.
Según trascendió, les pedirá que le expliquen si era normal que un cliente realizara movimientos de dinero de semejante envergadura. También tratará de establecer si detectaron algún tipo de irregularidad en las transacciones que se hacían con los fondos depositados.
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