El sueño de la megacausa propia

Los interminables y complejísimos enredos procesales, en ocasiones, impiden advertir la trascendencia institucional de algunas cuestiones. Es lo que sucede con los vientos acumuladores que bajan desde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y que, pareciera, aspiran a concentrar -o a amontonar, según como se mire- en una inocua megacausa los planteos judiciales -en muchos casos heterogéneos- contra la Constitución provincial modelo 2006.
La ventisca, curiosamente, le sonríe al Gobierno, y este tranquilamente juega a que, porfiado, pase el tiempo. Ya han transcurrido 15 meses desde la primera presentación, la del Colegio de Abogados, que sólo cuestionaba el diseño del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, la mayoría diferencial exigida para que proceda la remoción del gobernador, vice y vocales de la Corte, así como la posibilidad de que haya enmiendas constitucionales por ley. No obstante, el alto tribunal ordenó que al expediente en que se discutía concretamente esto -ante la atosigada sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo- fuera acumulado, además, el proceso impulsado por Ciudadanos Independientes. Este, aunque suene a insólito, en forma principal impugnó la Constitución en su totalidad, pero, en forma subsidiaria, también puso sobre la mesa puntos que no habían sido objetados por los letrados: la composición de la Junta Electoral, la dieta de los legisladores o la facultad concedida al Poder Ejecutivo para emitir decretos de necesidad y urgencia.
A la extensa lista anterior hay que sumar que ahora la Corte tiene que resolver si, aprovechando el envión, también añade en la megacausa soñada los temas introducidos por el partido Defensa Provincial Bandera Blanca, tal como sugirió la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuando se desprendió del expediente y se lo pasó a la sala II, ya a estas alturas convertida en una suerte de extraño fuero de atracción constitucional. Bandera Blanca fue más allá, porque también tachó de la reforma alperovichiana la inmunidad de opinión de intendentes y concejales, la colegiación profesional obligatoria, y la reelección.
Si la Corte se mantiene en sus trece y ordena una nueva acumulación en el caso de Bandera Blanca, ¿alguien puede imaginar qué podría decir -y cómo se podría redactar seriamente- una hipotética sentencia definitiva y común a tamaña heterogeneidad? A ello hay que preguntar ¿cuándo estaría listo tal ensayo de ciencia ficción jurídica? ¿Cuántas elecciones más habrán pasado hasta entonces? Y teniendo en cuenta que en la causa promovida por el Colegio de Abogados hay una medida cautelar firme, que le impide al Gobierno integrar el Consejo Asesor de la Magistratura hasta que no haya un fallo sobre el fondo de la cuestión, ¿cómo serán cubiertas las vacantes que ya hay en el Poder Judicial? ¿Con el sistema que existía antes de la reforma, que dependía absolutamente del mecenazgo político?

Presión nacional
En el Colegio de Abogados, donde la perspicacia política está tan entrenada como en la Corte, ya advirtieron hacia dónde soplan los vientos. Por ello, plantearon la nulidad de la resolución del alto tribunal. Pero, en el fondo, apuestan al juego que ya les dio resultado el año pasado, cuando el Gobierno amagó con quitarles el control de la matrícula profesional. Para hablar claro: confían en una eventual nacionalización del conflicto.
La primera en entrar en juego sería la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que aprovecharía el filón generado por la convocatoria que efectuó la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que, en el carácter de amicus curiae (amigos del tribunal), personas u organizaciones competentes en la materia emitan su opinión no vinculante. El 16 de junio del año pasado, en la denominada “Declaración de Tafí del Valle”, la junta de gobierno de la FACA, en el punto cuarto de la resolución, ya había encomendado a sus representantes legales a que -textual- se presentaran en la causa en la calidad de amicus curiae. Claro que es posible que algunos, parapetados detrás de los intereses dilatorios del oficialismo, levanten sus voces y pregunten si la FACA es amiga del tribunal o parte interesada, teniendo en cuenta que el tucumano es uno de los más de 80 colegios que la componen.
Tampoco hay que descartar que, a partir de la vía de los amicus curiae, se sume también Leandro Despouy, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de velar por la independencia del Poder Judicial y del ejercicio de la abogacía, que solía poner nervioso al gobierno de José Alperovich cada vez que venía y amenazaba con redactar escépticos informes sobre el deterioro institucional de Tucumán cuando el oficialismo intentaba avanzar sobre la matrícula profesional.
Como decía el poeta: no hay que quejarse por lo que se amontona, sino por los vientos que lo causan.